Considerada una de las intervenciones más importantes contra el contrabando en años recientes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desarticulado una amplia red criminal que manejaba seis plantas ilegales de fabricación de tabaco en España. Esta organización funcionaba a escala casi industrial, produciendo aproximadamente ocho millones de cigarrillos al día (equivalentes a unas 400.000 cajetillas) de marcas reconocidas falsificadas como Marlboro, Camel y Winston. La red obtenía un beneficio diario de 2,5 millones de euros, de los cuales dos millones correspondían a impuestos evadidos.
La operación, coordinada por más de 300 agentes en 23 ubicaciones distribuidas por todo el país, resultó en la detención de 51 personas, la aprehensión de 20 millones de cigarrillos y la confiscación de 38,4 toneladas de picadura de tabaco importada desde India, China y Emiratos Árabes Unidos.
Fábricas «búnker» diseñadas para movilidad y discreción
Las instalaciones ilegales estaban ocultas en naves industriales aparentemente comunes situadas en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, ubicadas estratégicamente cerca de las principales autopistas para facilitar la distribución.
Según fuentes de la UCO, estas factorías contaban con un completo aislamiento para evitar que se percibieran ruidos, olores u otras señales sospechosas. Además, tenían generadores propios para suministrar electricidad y evitar llamar la atención de las compañías eléctricas. El entramado operaba con gran adaptabilidad:
- Movilidad logística: Cada fábrica implicaba una inversión inicial de un millón de euros, pero podía desmontarse y trasladarse en convoyes de camiones a otra provincia en una semana tras operar dos o tres meses en un lugar.
- Equipamiento avanzado: Utilizaban tanto réplicas fabricadas en China como maquinaria original importada del este de Europa.
- Producción continua: Funcionaban con turnos ininterrumpidos de 24 horas.
«El tabaco ilegal no recibe la condena social que debería, probablemente porque se asocia con el contrabando antiguo. En otros países se equipara al tráfico de drogas», explica un mando de la investigación, destacando que en España el tabaco está gravado con un 80% de impuestos. Al vender cada cajetilla ilícita a 5 euros, la red evitaba abonar 4 euros en impuestos por unidad, lo que significa un fraude anual estimado en 200 millones de euros.
Explotación laboral y liderazgo internacional
En el terreno, la organización estaba dirigida por un ciudadano lituano —vigilado por Europol desde 2015— y otro de nacionalidad polaca, quienes gestionaban las operaciones desplazándose por España en vehículos de alta gama.
Para minimizar riesgos de filtraciones, la red contrataba a ciudadanos procedentes de países del Este (Polonia, Ucrania, Moldavia, Letonia y Rumanía), muchos con experiencia previa en el sector tabacalero, así como a desempleados locales en áreas con elevado desempleo para la distribución al detalle.
Las condiciones laborales eran precarias y próximas a la semiesclavitud. Los trabajadores permanecían confinados dentro de las naves en condiciones insalubres y cumplían turnos extensos durante meses. Aunque algunos especialistas recibían promesas de salarios de hasta 2.000 euros mensuales, se enfrentaban a un régimen de explotación total. Frente a fallos técnicos, la organización movilizaba rápidamente a técnicos extranjeros de confianza.
Colaboración internacional en una red con base en España
La investigación, denominada operaciones Vernisa y Maidan-Cigalike, comenzó en 2020. Según los análisis de la UCO, desde 2015 la fabricación ilegal de tabaco se ha desplazado directamente al territorio europeo, donde Polonia, Bélgica (Puerto de Amberes) y España son los principales focos. España resulta especialmente atractiva para estas organizaciones por sus excelentes infraestructuras viales y zonas con baja densidad poblacional.
La desarticulación de esta red ha sido un esfuerzo conjunto coordinado por juzgados de Elche (Alicante) y Tarancón (Cuenca), con el apoyo de Europol, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y fuerzas policiales de una decena de países, destacando la colaboración de Portugal, Lituania y Polonia.
Un detalle ilustrativo del contexto actual del sector tabacalero en España es que sólo queda en funcionamiento una fábrica legal, ubicada en las Islas Canarias. En cuanto al tabaco incautado, los agentes responsables comentan que, pese al buen nivel de falsificación en el empaquetado, la calidad del producto manufacturado era baja según los consumidores.
