MADRID – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha avanzado en la investigación relacionada con el caso Leire Díez. Conforme informa El País, los agentes han puesto la atención en la gerente actual del PSOE, Ana Fuentes, junto a dos trabajadoras más de la sede principal del partido en Ferraz, y han requerido la autorización judicial para examinar detalladamente el contenido de sus teléfonos móviles.
La petición ha sido presentada ante el magistrado Santiago Pedraz, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, encargado del caso. Con esta medida, la Guardia Civil pretende seguir al detalle la documentación y comunicaciones asociadas a la supuesta red destinada a desestabilizar y dificultar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE y a su entorno gubernamental.
El rol de la gerencia bajo escrutinio
Ana Fuentes, quien ya consta como investigada desde finales de mayo, vuelve a estar en el centro de la atención según los informes de la UCO. La hipótesis policial señala que desde la gerencia se habría tenido conocimiento o participación en la estructura de «facturas falsas» y compañías pantalla que sirvieron para canalizar fondos del partido, superiores a 180.000 euros, destinados a financiar operaciones de la exmilitante Leire Díez.
Las investigaciones apuntan que estos pagos encubiertos, consistentes en transferencias mensuales de 4.000 euros bajo la coordinación supuesta del exsecretario de Organización Santos Cerdán, se utilizaron para sufragar campañas mediáticas distractoras, asesoramientos jurídicos supuestamente fraudulentos y tentativas de compra de apoyos. El propósito era desacreditar a miembros destacados de la UCO y frenar causas de relevancia política, como el caso Koldo.
Un giro en la pesquisa
La solicitud para el análisis de los teléfonos de la gerente y de las dos empleadas coincide con una etapa de intensa actividad judicial. En los últimos días, las indagaciones han involucrado a exdirigentes destacados del partido, como Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, y han derivado en la imputación de altos mandos de la Guardia Civil por supuestas presiones a la unidad investigadora.
La decisión del juez Pedraz respecto a la autorización para revisar estos dispositivos determinará el curso próximo de una causa que mantiene en vigilancia estricta la estructura financiera y de control interno del PSOE.
