El acusado, que enfrenta cargos por violencia habitual, amenazas y vejaciones hacia su expareja, no pudo confirmar el acuerdo de conformidad debido a fallos en la conexión.
Este jueves, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta tuvo que posponer la audiencia contra un hombre identificado por las iniciales M.E.A., juzgado por presuntos delitos de violencia habitual, amenazas y vejaciones injustas en el contexto de violencia de género, cometidos contra su expareja sentimental.
Insultos y amenazas a través de canales digitales
Según el documento provisional de calificación del Ministerio Fiscal presentado en la audiencia del 9 de julio, el acusado y la denunciante mantuvieron una relación sentimental que se prolongó hasta abril de 2025, período durante el cual convivieron en Alemania.
La acusación pública detalla que el 2 de abril de dicho año, el investigado dirigió graves insultos a la víctima tanto telefónicamente como mediante la aplicación WhatsApp, utilizando términos como «yonki», «puta» y «guarra».
Un problema técnico detiene la ratificación del acuerdo
La audiencia preliminar del jueves estaba programada para que el acusado reconociera los hechos a cambio de una reducción sustancial de la pena solicitada por la Fiscalía. Si bien existía un principio de acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público para formalizar una sentencia de conformidad, la comparecencia debía ser telemática.
Un fallo importante en la conexión de la videoconferencia impidió que el acusado declarara y ratificara el acuerdo, lo que llevó a suspender la sesión.
Advertencia judicial para las próximas fechas
Ante esta situación, el magistrado titular del Juzgado número 2 de la Sección de lo Penal, Miguel Ángel Cano, fijó la fecha del juicio definitivo para los próximos meses, cuando se espera poder formalizar la conformidad.
Además, el juez advirtió al investigado que, si no garantiza su disponibilidad para la próxima convocatoria —independientemente de si reconoce los cargos o no—, se emitirá una orden de busca y captura inmediata. Esto responde a que la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía supera claramente los dos años de prisión. Pese a la gravedad de la petición, fuentes jurídicas señalan que no se prevé prisión para el acusado, dado que no tiene antecedentes penales y se mantiene la expectativa de cerrar el proceso mediante el acuerdo de conformidad.
