La Generalitat de Cataluña propone la recuperación de los sistemas de pago por uso en autopistas para gestionar el tráfico, potenciar la seguridad vial y proteger la red de carreteras después de su liberalización
La Conselleria de Territori de la Generalitat de Cataluña ha planteado la posibilidad de reinstaurar los peajes en varias autopistas de la región. Esta iniciativa surge como respuesta al considerable aumento del tráfico desde que se eliminaron los peajes, lo que ha provocado un incremento de los accidentes y un daño progresivo a la infraestructura. Para el Govern, la vuelta del pago por uso es clave para preservar la red vial, incrementar la seguridad de los usuarios y reorganizar la circulación, en especial la del transporte de mercancías por carretera.
El aumento de la congestión y los accidentes motiva el cambio de enfoque en la AP-2 y la AP-7
Desde la eliminación de los peajes en septiembre de 2021, las autopistas catalanas han sufrido un cambio notable. Las autoridades autonómicas reconocen que la gratuidad ha generado una saturación considerable en estas infraestructuras. La AP-7, que atraviesa la costa de norte a sur, presenta frecuentes atascos y una tasa elevada de accidentes, con diez fallecidos en la primera mitad de 2026.
El tramo catalán de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) también enfrenta problemas similares al superar un tráfico diario de 20.000 vehículos. La ausencia de peajes ha atraído masivamente al transporte pesado que antes utilizaba la carretera nacional N-II. Esta concentración de camiones ha acelerado el deterioro del pavimento, aumentado la siniestralidad y afectado la distribución eficiente del tráfico en las vías disponibles.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido últimamente que la eliminación total de los peajes pudo haber sido un error de juicio, y ha señalado la importancia de disponer de un mecanismo de financiación estable para mantener la red en buen estado, frente a problemas actuales como la proliferación de baches y vehículos abandonados junto a las autopistas.
El sistema de peaje sin cabinas físicas y su plan de implementación
Manel Nadal, secretario de Movilidad de la Generalitat, ha indicado que se prevé implementar estos sistemas de cobro en autopistas como la AP-7 en un plazo de entre dos y tres años. Sin embargo, esta medida no implicará la devolución de las cabinas con barreras tradicionales.
La alternativa que considera la administración catalana es un sistema tecnológico denominado free flow (flujo libre), similar al utilizado en las autovías portuguesas o en la A-636 del País Vasco. Este método utiliza pórticos con cámaras lectoras de matrículas que reconocen los vehículos en movimiento y generan automáticamente la factura correspondiente, evitando así congestiones.
Dado que la AP-2 y la AP-7 son autopistas de titularidad estatal, la aplicación de cualquier sistema de peaje precisará del acuerdo y coordinación con el Ministerio de Transportes. En caso de ser exclusivo para Cataluña, el tramo aragonés de la AP-2 (entre Zaragoza y Fraga) conservaría la gratuidad actual.
Peajes por kilometraje, sostenibilidad y control del transporte pesado
Los estudios técnicos de la Generalitat pretenden ir más allá de la simple recaudación, buscando un modelo de movilidad eficiente y sostenible. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha señalado que se analiza implantar peajes por kilómetro mediante tecnología satelital. Así, la tarifa podrían ajustarse según las características del vehículo, penalizando con mayores costes a aquellos con mayor peso o niveles contaminantes más altos.
Este nuevo modelo tarifario y de gestión también se considera para otras vías dependientes de la Generalitat, como la C-16, la C-14 o el Eix Transversal, que están en estudio para la reapertura de peajes.
Respecto a la AP-7, el plan integral no se limita al cobro de tasas. Entre las medidas para reducir la siniestralidad y mejorar la fluidez, se propone prohibir adelantamientos a los vehículos de transporte pesado y obligar a que los camiones superiores a 7.500 kilos circulen exclusivamente por el carril derecho.
La Generalitat sostiene que la reorganización tanto fiscal como del tráfico debería aplicarse de forma uniforme en todo el país para evitar desigualdades entre comunidades autónomas. No obstante, las asociaciones de transportistas indican que el principal motivo de saturación actual radica en la falta de infraestructuras adecuadas, como la ausencia de tercer y cuarto carril en zonas críticas como el Vallès y el Penedès, y la escasez de rutas alternativas seguras para el tráfico profesional.
