El uso indebido de los puntos de carga públicos como estacionamiento gratuito por tiempo prolongado impulsa a Bruselas y a otros países europeos a establecer multas para asegurar la rotación de los vehículos
La movilidad eléctrica ha generado nuevas dinámicas en las vías urbanas y ha evidenciado conductas que afectan la eficiencia de las instalaciones de transporte. Entre las prácticas cuestionadas está la utilización de los cargadores públicos como estacionamiento gratuito extendido, impidiendo que otros usuarios accedan a un servicio fundamental para completar sus desplazamientos. Debido a la demanda diaria elevada y una infraestructura limitada para absorber el aumento del parque automotor, varias administraciones de la Unión Europea y gestores privados han adoptado medidas disuasorias y sanciones económicas para promover una rotación continua.
Normativa diurna en la Región de Bruselas-Capital
La Región de Bruselas-Capital es la última administración europea que ha aprobado una regulación estricta para combatir el estacionamiento prolongado en sus estaciones públicas, norma que estará vigente desde el 1 de octubre de 2026. La nueva directriz prohíbe que vehículos eléctricos permanezcan conectados a un punto de recarga público por más de seis horas consecutivas.
Esta restricción se aplicará rigurosamente en el horario diurno, que abarca desde las 9:00 hasta las 22:00 horas. Quienes excedan este tiempo enfrentan una multa de 0,60 euros por cada minuto adicional, lo que representa 3,60 euros por hora sobrepasada, penalizando así el tiempo de inactividad tras completar la carga.
Alemania y Países Bajos: pioneros en aplicar tasas por bloqueo
La iniciativa de Bruselas tiene antecedentes en otros Estados de la UE. Alemania es referencia como pionera contra esta práctica mediante la implementación de la tasa de bloqueo o Blockiergebühr. Allí, tanto gobiernos locales como redes de carga imponen límites estrictos: cuatro horas para cargadores de corriente alterna de baja velocidad y 45 minutos para estaciones de carga rápida.
Al superar estos tiempos, el conductor debe abonar recargos aproximadamente de diez céntimos por minuto. No obstante, la legislación alemana exime estas tarifas durante la noche para evitar sancionar a residentes que recargan sus vehículos mientras descansan.
Por otro lado, Países Bajos, que cuenta con una de las redes de recarga más extensas de Europa, combate decididamente los llamados ‘cargadores ventosa’. Sus operadores cobran cinco céntimos adicionales por minuto pasado el tiempo límite de cinco o seis horas, una medida que ha demostrado su efectividad para liberar espacios de carga durante el día y facilitar el acceso a otros usuarios.
Situación de las sanciones en las vías españolas
En España, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece multas de 200 euros por bloquear carriles o plazas destinadas a la recarga eléctrica. Esta sanción, equiparada a la de aparcar en espacios para personas con movilidad reducida, se aplica tanto a vehículos de combustión aparcados en estos lugares como a eléctricos que ocupan la plaza sin estar conectados.
Sin embargo, hay un vacío legal cuando el coche eléctrico está enchufado pero ya ha terminado de cargar. Ciudades como Madrid y Barcelona intentan subsanar esta laguna con multas locales de hasta 90 euros, aunque su eficacia depende de la comprobación presencial por parte de las autoridades del estado de inactividad en el punto de carga.
A esta dificultad se añade un obstáculo técnico: retirar un vehículo que bloquea la estación mediante grúa resulta casi imposible, ya que el conector bloquea mecánicamente el cable durante la carga, impidiendo su extracción sin dañar el punto de conexión.
Medidas adoptadas por redes de carga privadas
Frente a la lentitud de los procesos legales y la falta de sistemas públicos automáticos para detectar estas infracciones, las operadoras privadas han empezado a imponer sus propios recargos por inactividad. Compañías con presencia internacional, como Tesla, aplican cargos rigurosos que pueden alcanzar un euro por minuto cuando sus estaciones rápidas están ocupadas al máximo.
Asimismo, otros operadores relevantes en España, como Iberdrola, Wenea o Power Dot, han incorporado controles temporales en sus cargadores rápidos, aplicando tarifas extra a partir del límite razonable de uso. Las autoridades de tráfico y especialistas del sector subrayan que estas medidas van más allá del aspecto económico y buscan sensibilizar a los conductores sobre que los puntos públicos de carga no deben ser usados como estacionamientos habituales y que la rotación es clave para el éxito de la movilidad eléctrica.
