El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha generado un nuevo impacto político con unas declaraciones claras tras la significativa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En una entrevista este viernes en Radio Nacional de España (RNE), Puente defendió la implementación inmediata de la ley de amnistía y exhortó al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a regresar sin demora al país.
«En su lugar, hoy mismo volvería a España sin dudarlo», expresó el ministro con firmeza.
Califica el regreso como un «acto de coherencia»
Según Puente, el fallo de la Corte de Luxemburgo —que confirma que la amnistía está alineada con el derecho comunitario, no vulnera la directiva europea contra el terrorismo y que amnistiar la malversación no perjudica los intereses financieros de la Unión— sitúa al expresidente catalán en una posición favorable para su retorno.
- «Es una oportunidad clara»: Puente reiteró que, tras la aprobación europea, Puigdemont debería dar el paso de regresar, aun asumiendo la posibilidad de una detención provisional.
- El valor de la determinación: «Dicen que vale más un minuto valiente que toda una vida de temor, y yo tomaría esa opción», comentó, sugiriendo que una detención pondría en evidencia la contradicción de no poder desplazarse libremente en un país que ha aprobado una ley para amnistiarle.
Para Puente, el retorno de Puigdemont supondría un ejercicio de «liderazgo político» y constituye la única actitud coherente con la legislación española, la sentencia del TJUE y el Tribunal Constitucional.
Críticas a la cúpula judicial: «Algunas situaciones resultan insostenibles»
Fiel a su estilo directo, Óscar Puente no dudó en cuestionar a ciertos tribunales nacionales que dificultan la aplicación automática del cierre a los casos relacionados con el procés.
El ministro calificó de «muy difícil de comprender» que sectores de la justicia española traten de eludir la ley de amnistía o sostengan que no debe ejecutarse de forma inmediata.
La tensión entre poderes: En opinión del ministro de Transportes, el fallo europeo evidenció que «una parte del poder judicial en España no reconoce la legitimidad del poder legislativo», acusando a ciertas áreas del aparato judicial de situarse por encima de la soberanía parlamentaria.
