El colaborador esencial en la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas, fallece por una enfermedad mientras los ministerios de Interior y Justicia se responsabilizaban mutuamente de efectuar el pago.
MADRID. — Un testigo protegido murió a causa de una enfermedad sin haber cobrado los 500.000 euros que el Estado le debía desde hacía 16 años. Este caso pone de manifiesto un prolongado conflicto administrativo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, un desacuerdo competencial que impidió la formalización del pago, a pesar de las reiteradas solicitudes del Defensor del Pueblo.
El fallecido fue determinante para desmantelar una relevante organización dedicada al narcotráfico a gran escala. Gracias a su declaración, el cabecilla de la red, Zoran Matijevic, y otros seis miembros de la banda fueron condenados a penas de prisión de entre 4 y 11 años, en una sentencia emitida por el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Impactos personales y bloqueo institucional
Debido a su colaboración con la justicia, el testigo protegido y su familia enfrentaron importantes dificultades personales y económicas:
- Amenazas y cambio de residencia: Tras la operación policial, la familia tuvo que abandonar su hogar y establecerse en otra ciudad bajo medidas de protección, lo que provocó que su esposa perdiese su empleo.
- Dificultades económicas: La ausencia de ingresos y el impago de la recompensa colocaron a la familia en una situación de vulnerabilidad durante más de quince años.
- Intervenciones del Defensor del Pueblo: La institución conducida por Ángel Gabilondo solicitó durante tres años información al Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para solucionar el bloqueo, recordando la obligación legal de apoyar a quienes arriesgan su seguridad por la justicia.
Persistencia en la reclamación: Tras el fallecimiento del testigo, su familia ha afirmado que continuará con las acciones legales para reclamar el pago adeudado. «Mi padre arriesgó su vida y aportó todo sin recibir nada; no nos rendiremos», señaló su hija.
