Los socialistas han presentado un recurso contra el archivo dictado por la jueza, señalando que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ocultó pruebas tras el reparto de datos personales de dos periodistas.
Madrid. – El PSOE ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir la reapertura de la causa por supuesta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La formación socialista contrapone el archivo del caso con la eliminación de los mensajes intercambiados entre Rodríguez y Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional.
El recurso critica enérgicamente a Rodríguez, recordando que tanto él como González Amador habían afirmado antes que borrar mensajes por parte de un investigado sería un indicio de sospecha. “Quien opinaba así ha eliminado mensajes una vez ha sido señalado por la Justicia”, enfatiza la acusación, que destaca que dicho borrado “no puede entenderse de otra manera y apunta a su responsabilidad”.
Críticas a un archivo considerado «precipitado»
El procedimiento, que fue cerrado a finales de junio por el juzgado de instancia número 25 de Madrid al no encontrar la magistrada indicios de delito, investigaba el envío de foto, nombre y apellidos de dos periodistas del diario El País a un chat de profesionales el 19 de marzo de 2024. Los comunicadores habían sido previamente identificados por la Policía cerca del domicilio de Díaz Ayuso mientras realizaban una investigación periodística.
El PSOE considera que la decisión judicial fue «precipitada» y que hubo falta de investigación:
- Testigos e indicios: El recurso enfatiza que tres testigos confirmaron que Rodríguez consiguió los datos personales de los periodistas a través de fuentes policiales.
- Diligencias no realizadas: Critican que la jueza archivara el caso sin entrevistar a los agentes de Policía que identificaron a los periodistas ni al supuesto vecino que, según la versión de González Amador, habría enviado la fotografía.
Desde la representación legal del PSOE, se considera que el proceso ha sufrido una «práctica sesgada en las diligencias», enfocada en eximir al investigado en lugar de aclarar el origen de la filtración. Ahora corresponde a la Audiencia Provincial decidir si se ordena reabrir la investigación.
