Madrid / Ceuta — R.J.T., ciudadano ceutí que figuraba como arrendatario de la nave del Tarajal donde la Guardia Civil detectó en febrero de 2025 el primer narcotúnel que conecta España con Marruecos, se ha presentado de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional. La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha ordenado para él prisión eludible bajo fianza a solicitud de la Fiscalía.
Sin controles ni detención desde Ceuta hasta Madrid
El sospechoso de la Operación Hades estuvo aproximadamente un año y medio en paradero desconocido para las autoridades. De acuerdo con su declaración, residió en Ceuta manteniendo una vida habitual sin ser localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Siguiendo el consejo de su nuevo abogado, viajó a la Península, cruzando en ferry hacia Algeciras y trasladándose en vehículo hasta Madrid, sin ser identificado en ningún control documental.
La propia jueza encargada expresó su asombro ante la facilidad con que se movió el investigado pese a la orden de busca y captura activa. R.J.T. explicó su demora en entregarse argumentando que su defensa anterior le había indicado esperar.
«Nadie vino a notificarme nada en mi casa. Quería entregarme desde el principio, pero el abogado anterior me aconsejaba esperar», manifestó ante la magistrada.
Desvinculación de la infraestructura del hachís
Durante su declaración, negó conocer el túnel subterráneo utilizado para el tráfico de drogas. Indicó que alquiló la nave en junio de 2022 con el propósito de montar una marmolería, pero ante la falta de inversión necesaria para obtener las licencias municipales, acordó ceder verbalmente el uso de la nave a M.Ch.B., conocido como ‘Mustafa’ y señalado como principal responsable de las galerías.
- El acuerdo verbal: Según R.J.T., el subarriendo informal se estableció en 2.500 euros mensuales, de los cuales él abonaba 1.800 a la propietaria y se quedaba con la diferencia.
- Sin conocimiento del túnel: Afirmó haberse desvinculado de las instalaciones a comienzos de 2023 y aseguró que la galería no existía hasta julio de ese año.
Su versión contrasta con las investigaciones de la Guardia Civil, que sitúan la construcción del narcotúnel durante la pandemia. Además, R.J.T. negó acuerdos para incriminar a terceros con documentación de fallecidos, aspecto incluido en informes policiales de la UDYCO relacionados con la Operación Ares.
