Este medio sostiene que existen indicios de fraccionamiento de contratos, reclama un reparto transparente de la publicidad institucional y reta al Gobierno de Juan Vivas a acudir a los tribunales si considera falsas las informaciones publicadas.
CEUTA, 23 de julio de 2026. La gestión de la publicidad institucional del Gobierno de Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate. Este medio denuncia la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de campañas institucionales y asegura que la Presidencia de la Ciudad fue advertida de estos hechos hace meses mediante un burofax, sin que hasta la fecha se hayan ofrecido explicaciones públicas ni se conozca la apertura de una investigación interna.
Según la documentación recopilada por este medio, existen indicios de que durante un mismo ejercicio presupuestario se adjudicaron varios contratos menores con un mismo objeto o finalidad, una práctica que, de confirmarse, podría constituir un fraccionamiento de contratos contrario a la Ley de Contratos del Sector Público al eludir los procedimientos ordinarios de contratación.
Un burofax remitido al presidente y a las consejerías
El pasado 31 de octubre de 2025, este medio remitió un burofax al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, así como a las distintas consejerías que participaron en la contratación de campañas de publicidad institucional.
En dicho escrito se advertía de la existencia de posibles irregularidades en la contratación de publicidad institucional y se alertaba de que la división de contratos con un mismo objeto podría vulnerar la legislación vigente. Asimismo, se trasladó que, según la información recabada, algunos responsables políticos desconocían incluso que desde sus áreas se hubieran impulsado determinados procedimientos de contratación.
Este medio mantiene que conserva toda la documentación remitida y considera que el Ejecutivo conocía desde hace meses las advertencias realizadas.
Un reparto basado en datos objetivos
Además de cuestionar la contratación, este medio reclama que el futuro reparto de la publicidad institucional se fundamente exclusivamente en criterios objetivos, públicos y verificables.
Entre ellos, considera imprescindible que se valoren las visitas certificadas procedentes de fuera de Ceuta, por entender que reflejan la capacidad de proyección exterior de cada medio de comunicación y el impacto que la ciudad obtiene fuera de sus fronteras.
Igualmente, solicita que uno de los principales criterios de reparto sea el número de usuarios únicos, al tratarse del indicador que mejor mide el alcance real de un medio y evita que el reparto se base únicamente en el volumen de páginas vistas o en criterios subjetivos.
A estos parámetros deberían añadirse otros indicadores auditables, como la audiencia certificada, el tráfico, las impresiones y el alcance efectivo de las publicaciones, garantizando así la igualdad de oportunidades entre todos los medios de comunicación.
Petición de transparencia
Este medio considera que la gestión de recursos públicos exige el máximo nivel de transparencia y el estricto cumplimiento de la legalidad. Por ello, insta a la Presidencia del Gobierno de Ceuta a explicar públicamente cuáles serán los criterios que regirán el próximo reparto de la publicidad institucional y a aclarar si se han revisado las contrataciones denunciadas.
Asimismo, recuerda que la confianza de la ciudadanía solo puede mantenerse cuando las administraciones actúan con objetividad, publicidad y sometimiento pleno a la ley.
Reto al Gobierno de Ceuta
Finalmente, este medio reitera que toda la información publicada se basa en la documentación y los datos de los que dispone.
Por ello, emplaza al Gobierno de Juan Vivas a que, si considera que las informaciones publicadas no se ajustan a la realidad o contienen afirmaciones falsas, interponga las acciones judiciales que estime oportunas ante los tribunales. Será la Justicia, y no el debate político, la que determine la veracidad de los hechos denunciados y la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo en materia de contratación y reparto de la publicidad institucional.
