MADRID, 24 de julio de 2026 — El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, ha requerido una colaboración extraordinaria para cumplir con los plazos establecidos en la tramitación de la regularización extraordinaria de migrantes. Debido al aumento inesperado en el número de solicitudes, que casi alcanzan 1,2 millones, más del doble de las 500.000 inicialmente previstas, se ha pactado con el Ministerio de Política Territorial que los funcionarios de las oficinas de extranjería provinciales participen en la revisión de los expedientes fuera del horario laboral habitual.
Compensación de 10 euros por cada expediente procesado
Esta colaboración está regulada mediante una encomienda de gestión publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que pretende garantizar que no se supere el plazo máximo de tres meses para responder a cada expediente:
- Voluntariado del personal: Aproximadamente 1.300 empleados de una plantilla cercana a los 1.800 han decidido participar voluntariamente fuera de sus horas habituales de trabajo.
- Incentivo por rendimiento: Se pagarán 10 euros por expediente revisado y preparado para su resolución. Además, el personal responsable de la coordinación en cada oficina provincial recibirá una cantidad equivalente.
- Dotación presupuestaria: El plan cuenta con un presupuesto estimado de 2,6 millones de euros para gestionar unos 250.000 expedientes que están próximos o han excedido ya el plazo legal de resolución.
Labores técnicas para aliviar la carga de la UTEX
Aunque se refuerce el proceso, la responsabilidad última de la decisión legal continuará siendo de la Unidad para la Tramitación de la Regularización Extraordinaria (UTEX).
Distribución de funciones:
Las oficinas de extranjería se encargarán de tareas estrictamente materiales y técnicas, como verificar la corrección de la documentación presentada y registrar el expediente en el sistema informático. La validación y la firma final dependerán siempre de la UTEX.
Con esta medida, el Gobierno intenta mitigar la congestión administrativa provocada por un volumen de solicitudes sin precedentes y evitar que el proceso sufra demoras o quede paralizado por el silencio administrativo.
