WASHINGTON. — El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone tarifas arancelarias que oscilan entre el 10% y el 12,5% a más de 60 países, entre ellos España, países de la Unión Europea, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y México. La Casa Blanca argumenta que estas naciones no han tomado medidas suficientes para controlar la importación de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso.
La aplicación de este nuevo conjunto de aranceles reemplaza la tarifa global del 10% establecida en enero, cuyo periodo de vigencia de 150 días culminó a medianoche. Con esta iniciativa, el Ejecutivo estadounidense pretende evitar un vacío legal que podría comprometer su política comercial proteccionista tras recientes decisiones judiciales adversas.
Un mecanismo sustentado en la Ley de Comercio de 1974
Desde el Gobierno de Estados Unidos se ha descrito esta medida como «la acción internacional más significativa en materia de derechos laborales emprendida por un país». Washington señala que socios como la Unión Europea no aplican controles estrictos para impedir la entrada de productos provenientes de economías con deficientes normas laborales.
Para implementar esta medida sin la aprobación del Congreso, el Gobierno se ampara en el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta la imposición de medidas compensatorias contra prácticas comerciales consideradas injustas, discriminatorias o injustificadas:
- Investigaciones previas: El secretario de Comercio, Jamieson Greer, inició dos investigaciones: una dirigida a las violaciones relacionadas con trabajo forzoso (que afecta a los 60 países sancionados) y otra centrada en 16 países acusados de sobreproducción.
- Amplio impacto: Según estimaciones oficiales, estos nuevos aranceles afectarán cerca del 99% del comercio de importación estadounidense.
Contexto judicial y político
El recurso al Capítulo 301 es la estrategia legal más reciente para sostener la política proteccionista de la Casa Blanca. La ofensiva comercial lanzada en abril de 2025 enfrenta constantes dificultades en los tribunales:
- Decisión del Tribunal Supremo: En enero, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos al considerar que Trump superó sus facultades al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia (IEEPA) de 1977 sin la aprobación del Congreso.
- Resolución del Tribunal de Comercio: Dos meses más tarde, este tribunal anuló el gravamen universal del 10%, que sin embargo siguió en vigor de forma provisional mientras se resolvían los recursos.
Ante la imposibilidad de obtener apoyo parlamentario para renovar el impuesto anterior —en un contexto marcado por las próximas elecciones de medio término y tensiones internacionales como el conflicto en Irán—, el presidente republicano optó por esta vía legal alternativa.
Excepciones y negociaciones en curso
Aunque la medida tiene un efecto global, su anuncio coincide con la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Se prevé que los productos que se intercambien bajo este acuerdo reciban exenciones específicas, lo que beneficiaría a los países vecinos de Norteamérica.
Sin embargo, expertos anticipan que esta ronda de aranceles podría reavivar los conflictos comerciales a nivel global y generar una serie de recursos legales presentados por el sector privado.
