La anulación de las oposiciones de Obimasa no solo deja en evidencia un proceso que ha terminado sin las garantías exigibles. También plantea serios interrogantes sobre el papel desempeñado por UGT durante toda la polémica.
Mientras aumentaban las dudas sobre la limpieza del procedimiento, UGT optó por cerrar filas en defensa de las oposiciones. El sindicato rechazó las críticas, cargó contra la oposición política y defendió que el proceso era transparente. Su principal objetivo parecía centrarse en exigir responsabilidades al gerente de la empresa, Fernando Ramos, pero nunca en cuestionar unas pruebas que finalmente han sido declaradas nulas.
Especialmente llamativa fue la intervención del exsecretario general de UGT Ceuta, Antonio Gil, quien publicó una carta de opinión descalificando a quienes ponían en duda el procedimiento. El tiempo ha terminado desmontando aquel discurso. Las oposiciones no solo no eran intachables, sino que un informe interno firmado por un miembro del comité de empresa de Obimasa —que además es hijo de Antonio Gil— ha servido de base para justificar la anulación completa del proceso por las graves deficiencias detectadas.
La paradoja resulta evidente. Quienes defendían que todo se había desarrollado con absoluta normalidad han acabado aceptando un informe que concluye precisamente lo contrario: que existían fallos suficientes para repetir íntegramente las oposiciones.
Tampoco pasa desapercibido que la principal consecuencia política haya sido el cese del gerente, mientras quienes tenían la responsabilidad directa sobre la impresión y custodia de los exámenes continúan en sus puestos.
Todo ello alimenta la percepción de que, más que defender la transparencia del proceso, UGT priorizó una estrategia centrada en el relevo del gerente. Esa percepción, legítimamente discutible, abre un debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones sindicales: actuar como garantes de la imparcialidad y los derechos de todos los trabajadores o alinearse con determinadas estrategias dentro de las empresas públicas.
La credibilidad de un sindicato se construye defendiendo la transparencia incluso cuando resulta incómoda. En el caso Obimasa, la anulación total del proceso deja una pregunta difícil de responder: ¿quién se equivocó realmente, quienes denunciaban las irregularidades o quienes insistían en que no existía ningún problema?
