El presidente del Gobierno insiste en respetar los tratados de la Unión Europea y rechaza las propuestas para suspender Schengen tras la crisis en Ceuta, afirmando que «no es momento para divisiones».
MADRID (EFE) — Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha contestado este viernes a la medida de Italia de suspender los acuerdos del espacio Schengen con España, recordando que los flujos migratorios irregulares hacia Italia son más del doble que los registrados en España.
Mediante un mensaje en la red social X, Sánchez ha contestado con firmeza a la postura italiana, la cual relaciona la crisis fronteriza en Ceuta con la política migratoria del Ejecutivo español: «La solidaridad y la empatía pueden ser opcionales, pero el respeto a los tratados europeos y los datos no lo son».
Datos oficiales de Frontex (2021-2026)
Para respaldar su argumento, el presidente del Gobierno ha citado los informes oficiales de la agencia europea Frontex correspondientes a los años 2021 a 2026, que reflejan el impacto comparativo del fenómeno migratorio en las principales rutas del Mediterráneo y Europa:
- Italia: 478.600 entradas irregulares.
- Balcanes occidentales: 340.600 entradas.
- Grecia: 259.800 entradas.
- España: 234.760 entradas.
- Frontera oriental europea: 48.000 entradas.
Con esta información, Sánchez ha tenido un llamado a la cohesión europea para hacer frente al reto migratorio, subrayando que «no es momento para dividirse», sino para «continuar fortaleciendo una Unión Europea unida y sólida».
Apoyo y precisiones por parte de la Comisión Europea
La posición de Sánchez coincide con el planteamiento adoptado este viernes por la Comisión Europea. El órgano ejecutivo ha recomendado cautela, indicando que no es adecuado hacer conjeturas sobre las causas que originaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Además, Bruselas ha aclarado un aspecto jurídico fundamental en el debate europeo: ni Ceuta ni Melilla están cubiertas por la normativa del espacio Schengen. Esta puntualización se ha hecho tras la participación de otros Estados miembros, como Finlandia y Dinamarca, que analizaban reducir su cooperación con España en materia de libre circulación tras los hechos en la frontera sur.
