El marco normativo comunitario establece controles de filtrado obligatorios y facilita las devoluciones tras la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo y la fase final en la aprobación del Reglamento de Retornos
La reciente presión migratoria en la frontera terrestre de Ceuta vuelve a poner en el centro del debate político la eficacia de las devoluciones y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Gobierno calcula un ritmo de 150 retornos por minuto hacia Marruecos desde la ciudad autónoma, en un contexto donde el marco legal europeo refuerza los recursos de respuesta directa en el terreno.
El marco legal vigente del Pacto de Asilo y Migración
Contrariamente a otras iniciativas que aún están en desarrollo, el marco general del Pacto sobre Migración y Asilo es de cumplimiento obligatorio en toda la Unión Europea desde el 12 de junio de 2026. Este conjunto normativo exige controles obligatorios de filtrado durante siete días a la llegada a la frontera, la obtención de datos biométricos para el sistema Eurodac a partir de los seis años, y la instauración de un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros.
Medidas operativas en el terreno y despliegue de Frontex
En zonas con elevada tensión fronteriza como Ceuta, la Unión Europea ya implementa mecanismos operativos respaldados por este nuevo sistema. Destaca el empleo de la lista de países de origen seguros, donde Marruecos está incluido, permitiendo a las autoridades considerar las peticiones de asilo de sus nacionales como probablemente infundadas y aplicar procedimientos acelerados de inadmisión y retorno en frontera.
Además, está activa la externalización del control migratorio a través de cooperación policial y acuerdos bilaterales de contención previa. En el lugar se mantiene la presencia de la Agencia de Asilo de la UE y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entidad con aproximadamente treinta efectivos desplegados en la zona, según fuentes comunitarias.
Tramitación del Reglamento de Retornos y la posición de España
Paralelamente, la Unión Europea está finalizando la tramitación del Reglamento de Retornos, que reemplazará la directiva de 2008 para establecer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros. El texto, aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, está pendiente de su adopción formal por parte del Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.
Este reglamento plantea acelerar las expulsiones y crear centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países que cumplan ciertos requisitos basados en derechos humanos, una propuesta que España ha rechazado formalmente desde sus orígenes.
Funcionamiento de la Reserva Anual de Solidaridad
El nuevo marco migratorio incluye la Reserva Anual de Solidaridad, un mecanismo obligatorio pero flexible que establece un mínimo comunitario de 30.000 reubicaciones de solicitantes de asilo anuales o un fondo de 600 millones de euros, calculado en función de la población y el PIB de cada Estado.
Los Estados que no acepten reubicar a migrantes en su territorio deben abonar 20.000 euros por cada persona que no cumpla con su cuota. Esta compensación financiera se destina a fortalecer las fronteras exteriores, mejorar las infraestructuras de acogida y fomentar la cooperación en los países de origen.
La regulación actual exime de estas contribuciones a los países en primera línea —como España— cuando la Comisión Europea determina que están bajo «presión migratoria», permitiéndoles dejar de pagar y convertirse en receptores netos de fondos, personal operativo o reubicaciones.
