El Gobierno de la Ciudad vuelve a tropezar con una realidad difícil de ocultar: su relato sobre el supuesto dispositivo extraordinario de limpieza ha sido puesto en duda por quienes mejor conocen el funcionamiento de Servilimpce. UGT y CCOO aseguran no tener constancia del operativo anunciado y denuncian que, en lugar de reforzar la empresa municipal con trabajadores de la bolsa de empleo, se ha optado por recurrir a empresas privadas.
La cuestión ya no es únicamente si el operativo existió en los términos anunciados. La verdadera pregunta es por qué, una vez más, el Gobierno decide externalizar servicios cuando dispone de recursos propios y de una bolsa de empleo con cientos de personas que superaron un proceso selectivo y esperan una oportunidad para trabajar.
Si las denuncias de ambos sindicatos son ciertas, la situación resulta difícil de justificar. Mientras decenas de familias esperan una llamada para incorporarse a Servilimpce, la Ciudad destina dinero público a contratar empresas externas para realizar funciones que históricamente ha desempeñado la empresa municipal. Es una decisión que merece una explicación clara, transparente y convincente.
No es extraño que los sindicatos hablen de una actuación “incomprensible”. Tampoco sorprende que la oposición haya reaccionado con dureza. Mohamed Mustafa, líder de Ceuta Ya!, ha llegado a calificar de “mentira” el anuncio del refuerzo extraordinario y denuncia un abandono de los barrios periféricos mientras los esfuerzos se concentraban en el centro de la ciudad.
Lo preocupante es que este episodio alimenta una percepción cada vez más extendida: que ante cualquier situación excepcional, la respuesta del Gobierno pasa antes por sacar nuevos contratos que por reforzar los servicios públicos con los medios humanos de los que ya dispone. Esa percepción erosiona la confianza ciudadana y exige explicaciones.
La limpieza de Ceuta no debería convertirse en una herramienta de propaganda institucional ni en un motivo de confrontación política. Debería ser un servicio eficaz, transparente y gestionado con criterios de interés general.
Cuando dos sindicatos mayoritarios cuestionan la versión oficial y denuncian que se ha ignorado deliberadamente la bolsa de empleo, el Gobierno no puede limitarse a mantener su relato. Debe responder con datos, justificar sus decisiones y aclarar por qué no recurrió primero a los trabajadores disponibles antes de acudir a contrataciones externas.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se emplea cada euro público y por qué se toman determinadas decisiones. Porque la transparencia no consiste en anunciar dispositivos extraordinarios; consiste en demostrar que las decisiones adoptadas responden al interés general y no a una forma de gestionar que, una vez más, ha terminado rodeada de polémica.
