Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han manifestado su tristeza por las muertes registradas en la crisis migratoria de Ceuta y han pedido que la respuesta institucional se base en el Estado de Derecho, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana.
Estas asociaciones califican como “graves” los hechos ocurridos en la frontera ceutí, que han causado al menos 72 fallecimientos, además de un número aún no determinado de heridos y desaparecidos.
En una declaración conjunta, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) expresaron su apoyo a las familias de las víctimas y a la comunidad de Ceuta y Melilla.
Las dos entidades aceptan que el control fronterizo es una facultad legítima del Estado y que las autoridades deben garantizar la seguridad y el cumplimiento legal.
Sin embargo, advierten que estas acciones deben llevarse siempre a cabo dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por España.
“Ningún objetivo, por legítimo que sea, puede primar sobre el respeto a la vida y a la dignidad de las personas”, indican las asociaciones.
Rechazo al odio y la xenofobia
Los magistrados y fiscales puntualizan que una situación de alta presión migratoria no suspende la vigencia de los derechos fundamentales ni disminuye las responsabilidades de un Estado democrático.
Consideran que es precisamente en los momentos de mayor complejidad cuando las instituciones deben reafirmar su compromiso con la legalidad y actuar con proporcionalidad, sin importar el origen o la condición administrativa de las personas involucradas.
El comunicado también advierte que la crisis no debe emplearse para fomentar discursos de odio, xenofobia o persecución contra los migrantes.
Las agrupaciones piden evitar que la situación derive en una división social o un conflicto entre los habitantes.
Un enfoque migratorio coordinado en Europa
JJpD y UPF sostienen que lo ocurrido revela la urgencia de implementar una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea.
Esta estrategia debe conjugar una gestión eficiente de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de quienes intentan llegar a Europa.
“La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales son compatibles”, afirman en el comunicado, que también cuenta con la firma de organizaciones europeas de jueces y defensoras de los derechos humanos.
Las asociaciones concluyen que sólo manteniendo ese equilibrio será posible brindar una respuesta adecuada a los valores constitucionales y europeos, evitando que una crisis humanitaria genere mayor división social.
