La reciente crisis migratoria en Ceuta ha puesto nuevamente en el centro del debate europeo la cuestión de cómo gestionar a quienes tienen una orden de expulsión y la posibilidad de externalizar parte de esa gestión a países terceros.
Desde Italia y Dinamarca se ha impulsado la creación de centros de retorno en territorio no comunitario, una idea similar al modelo que el Ejecutivo italiano ha ensayado en Albania, aunque el marco legal europeo actual contempla opciones distintas y más flexibles.
Las primeras ministras, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron la importancia de reforzar las políticas de retorno y prevenir lo que denominan como “inmigración sin control”.
Italia y Dinamarca solicitan centros de retorno en países externos
A pesar de formar parte de corrientes políticas distintas, Meloni y Frederiksen coinciden en la necesidad de una política migratoria europea que priorice el control fronterizo y las devoluciones efectivas.
Ambas mandatarias sostienen que la UE debería consolidar pactos con naciones externas para alojar a personas con una decisión definitiva de retorno.
Esta propuesta ha ganado protagonismo tras los sucesos en Ceuta y la entrada en vigor del nuevo marco europeo migratorio y de asilo.
Concepto de los centros de retorno
La iniciativa plantea que ciertos migrantes con orden de expulsión sean trasladados a centros ubicados fuera de la Unión Europea.
Para que esto sea viable, deben existir acuerdos previos y respetarse las garantías establecidas por la legislación europea y el Derecho internacional.
Entre estas garantías está el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde corra riesgo de ser perseguida, torturada o sufrir daños graves.
El modelo también incorpora protecciones para grupos vulnerables y excluye casos como los de menores no acompañados.
La Unión Europea refuerza su política de retornos
Este debate sobre los centros forma parte de una renovación más amplia de la política migratoria europea.
El nuevo sistema busca acelerar el proceso de expulsiones, mejorar la eficacia de los retornos y reducir la permanencia de personas en la UE tras recibir la orden de abandonar el territorio.
Asimismo, se contemplan ampliaciones en los periodos de detención administrativa y prohibiciones de entrada más largas para quienes sean expulsados.
Estas medidas han generado discusión entre quienes defienden la necesidad de contar con herramientas más eficientes y quienes advierten sobre posibles impactos en los derechos fundamentales.
El Pacto Europeo transforma la gestión fronteriza
El Pacto de Migración y Asilo se inició en 2020 y fue aprobado en 2024 tras un largo proceso de negociación entre Estados miembros e instituciones comunitarias.
Su finalidad es crear normativas comunes que abarquen desde la llegada de un individuo a la frontera hasta la decisión sobre su posible protección internacional o devolución.
Entre sus componentes destacan controles fronterizos más ágiles, procedimientos de asilo acelerados y mecanismos de solidaridad entre países.
Con esto, la UE pretende evitar que los Estados situados en las fronteras exteriores asuman de forma exclusiva la mayor parte de la presión migratoria.
Procesos más ágiles en las fronteras exteriores
El nuevo modelo permite llevar a cabo controles próximos a las fronteras exteriores para identificar con rapidez a quienes llegan.
También tiene por objetivo detectar riesgos de seguridad o salud y valorar si se debe tramitar una solicitud de protección internacional.
En ciertos casos, las peticiones de asilo podrán ser gestionadas mediante procedimientos rápidos.
El sistema contempla la figura del “tercer país seguro”, que posibilita la transferencia a otro Estado en el que, según las garantías vigentes, la persona no corra peligro.
Diecinueve Estados han solicitado apoyo para estos centros
Según los datos disponibles, 19 países miembros han pedido a la Comisión Europea ayuda para construir infraestructuras de retorno fuera de la UE.
Bruselas ha manifestado su disposición a analizar propuestas adecuadamente preparadas, aunque la iniciativa debe partir de los propios Estados.
Los aspectos financieros, legales y diplomáticos serán clave para que estos proyectos puedan llegar a concretarse.
El modelo aplicado en Albania por Meloni continúa bloqueado
Italia intentó implementar un sistema equivalente con un acuerdo firmado en 2023 con Albania.
Este acuerdo contemplaba dos centros: uno en Shëngjin, para recepción e identificación, y otro en Gjadër, destinado a tramitación acelerada de casos.
El objetivo principal era atender a hombres adultos interceptados en el Mediterráneo y provenientes de países catalogados como seguros, siempre que no presentaran situaciones especiales de vulnerabilidad.
No obstante, el funcionamiento de estos centros ha enfrentado dificultades judiciales y su operatividad es limitada.
Los tribunales cuestionan aspectos del sistema italiano
Varias sentencias han puesto en tela de juicio las bases para determinar qué países se consideran seguros y cuándo puede aplicarse un procedimiento expeditivo.
Este modelo aún está sujeto a resoluciones judiciales pendientes, incluyendo cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso italiano refleja los retos legales que implica delegar en terceros países parte de la gestión migratoria europea.
Italia busca extender el modelo a África
A pesar de los obstáculos en Albania, el Gobierno de Meloni desea continuar explorando nuevas alianzas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha planteado la posibilidad de crear centros en países africanos de origen o tránsito migratorio.
En las negociaciones se han mencionado países como Uganda, Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania y Egipto, aunque los contactos no garantizan acuerdos concretos.
La intención italiana es que estos centros se conviertan en un recurso estable para la política europea de retornos.
Críticas apuntan a la externalización de responsabilidades
La creación de estos centros fuera de la UE ha provocado críticas por parte de expertos en derechos humanos y ciertos grupos políticos europeos.
La profesora de Derecho Internacional María Teresa Gil Bazo alerta que desplazar personas a países con los que no tienen relación puede dificultar el control sobre sus condiciones y reducir las garantías de protección.
Los opositores consideran que este sistema supone una externalización de la gestión migratoria europea hacia estados con normas jurídicas y administrativas distintas.
Defensores argumentan que Europa requiere nuevos mecanismos
Los defensores de esta propuesta sostienen que la UE necesita instrumentos eficaces para ejecutar las órdenes de expulsión.
Se señala que una dificultad actual es la discrepancia entre quienes reciben una orden de retorno y quienes realmente salen del territorio europeo.
Desde este punto de vista, los centros en terceros países se considerarían una herramienta complementaria y no un reemplazo del sistema de asilo o de las políticas de integración.
La crisis de Ceuta impulsa nuevamente el debate migratorio europeo
La situación en Ceuta ha renovado los argumentos de quienes defienden políticas comunitarias más estrictas.
Italia y Dinamarca vuelven a destacar la necesidad de reforzar los retornos, mientras que otros sectores insisten en que cualquier medida debe respetar los derechos fundamentales, garantías judiciales y compromisos internacionales de protección.
Este tema se perfila como uno de los principales diálogos políticos de la UE en los próximos meses: cómo fortalecer las fronteras y aumentar los retornos sin afectar las garantías legales existentes.
