La Fiscalía Anticorrupción ha considerado posible la imputación del PSOE como persona jurídica en el marco de la investigación sobre el entramado conocido como «cloacas» del partido. En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público afirma que desde la sede de Ferraz se creó y financió una «estructura paralela» destinada a proteger a dirigentes socialistas y a desestabilizar procedimientos judiciales en desarrollo.
De acuerdo con la exposición de las fiscales, el partido mantuvo «a sueldo» a la exmilitante Leire Díez, que habría desempeñado funciones de coordinadora de dichas acciones, reportando directamente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente imputado en el caso.
Pagos opacos y despachos de abogados
Para apoyar la hipótesis de que Díez recibía remuneraciones del partido por estas actividades, la Fiscalía se apoya en las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los informes indican al menos 43.000 euros en pagos opacos canalizados desde entornos vinculados al PSOE hacia la exmilitante.
El estudio señala que estas transferencias se habrían efectuado a través de intermediarios y sociedades instrumentales, incluyendo despachos de abogados como el del jurista Jacobo Teijelo, quien también habría recibido importantes cantidades de dinero.
Mecanismo investigado:
[ Cúpula de Ferraz / Santos Cerdán ]
│
▼ (Fondos a través de intermediarios y despachos)
[ Leire Díez / Red de colaboradores ]
│
▼
[ Maniobras para neutralizar causas judiciales y desestabilizar procesos ]
Ramificaciones en la contratación pública y la SEPI
El juez al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está investigando no solo la posible interferencia en procesos judiciales a través de esta red. La investigación también abarca una presunta trama ligada a la manipulación de contratos públicos relacionada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En esta parte del sumario, Anticorrupción concluye que «existe indicio para perfilar la responsabilidad de miembros o cargos designados bajo la dirección del PSOE». Entre los involucrados se encuentra el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, nombrado durante la administración de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda.
Avance de las diligencias
La postura de la Fiscalía se ha conocido en el contexto del rechazo a la personación del fiscal Ignacio Stampa como parte afectada, centrando el expediente en la red de influencia y contratación irregular impulsada desde el Gobierno.
El juez Pedraz sigue reuniendo indicios en una causa que estrecha el enfoque sobre la responsabilidad jurídica del PSOE y que incorporará además el material previamente recopilado por el juzgado de instrucción de Madrid en la investigación de Leire Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset.
