Manos Limpias acusa a Miguel Ángel Pérez Triano de una presunta prevaricación omisiva tras sostener que habría sido advertido por el CNI de un posible intento de entrada masiva
El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias por su presunta actuación ante la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.
Manos Limpias sostiene que el delegado del Gobierno podría haber tenido conocimiento, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de informaciones relativas a un posible acercamiento de inmigrantes a la frontera y que, pese a ello, no habría adoptado las medidas necesarias para impedir la entrada masiva en territorio español.
La organización denunciante plantea que estos hechos podrían ser constitutivos de una presunta prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave, además de reclamar que se determine si existió conocimiento previo de lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.
La denuncia pone el foco en la información del CNI
La denuncia, de una extensión inferior a tres folios, centra buena parte de su argumentación en determinar si los servicios de inteligencia habían trasladado previamente información a la Delegación del Gobierno sobre un posible intento de entrada masiva.
Manos Limpias pretende que la investigación judicial permita aclarar qué información recibió el delegado del Gobierno, cuándo la recibió y qué medidas se adoptaron, en su caso, después de tener conocimiento de esas advertencias.
El objetivo es determinar si existió una advertencia previa suficientemente concreta como para permitir anticipar los acontecimientos y si, a partir de ella, las autoridades competentes actuaron conforme a sus responsabilidades.
Defensa confirma que el CNI compartió información
En medio de la polémica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI realizó en Ceuta la labor que, desde el punto de vista de sus competencias, le era exigible.
Robles explicó que el carácter reservado de las actuaciones de los servicios de inteligencia impide hacer públicos determinados detalles, pero confirmó que el CNI compartió información con personal de la Delegación del Gobierno y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“El deber de secreto opera como una losa para no dar publicidad a las acciones que realizan”, señaló la ministra, quien añadió que los servicios de inteligencia actuaron en Ceuta dentro del ámbito de sus competencias y que la información fue compartida y analizada.
Estas declaraciones constituyen uno de los elementos que Manos Limpias pretende que sean esclarecidos en sede judicial, especialmente para determinar qué información concreta fue trasladada y a quién.
La Delegación del Gobierno niega haber recibido una alerta sobre el 30 de julio
La Delegación del Gobierno mantiene, sin embargo, una versión diferente de los hechos.
En un comunicado, la institución aseguró que “no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”.
La Delegación sí reconoció que, desde finales de julio, se transmitían datos diarios relativos al incremento de las entradas por vía marítima a través de los canales correspondientes.
Sin embargo, defendió que ninguno de esos reportes permitía prever la dimensión de lo ocurrido posteriormente.
“Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30”, sostuvo la institución.
Además, la Delegación del Gobierno subrayó que no tiene competencias sobre el Centro Nacional de Inteligencia, organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte.
El juzgado deberá determinar qué información existió y cuándo fue comunicada
La apertura de diligencias previas no supone, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal ni implica que los hechos denunciados hayan quedado acreditados.
La investigación judicial deberá determinar ahora qué información existía antes del 30 de julio, si fue trasladada a responsables de la Delegación del Gobierno, cuál era su grado de concreción y qué actuaciones se llevaron a cabo ante las posibles advertencias.
El procedimiento pone así el foco judicial sobre la gestión de la entrada masiva que sacudió Ceuta y sobre una cuestión clave: si las autoridades disponían de información previa suficiente para anticipar lo que finalmente sucedió en la frontera y si actuaron en consecuencia.
