La investigación judicial sobre la entrada masiva ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, bajo la dirección de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, ha tomado un giro poco común y polémico. Dentro de las acusaciones populares admitidas en el caso figura la asociación Zeolandia, un grupo cuya página web oficial señala que su dirección está conformada por cinco mascotas: cuatro perros y un gato.
Bajo el lema “Defensa con colmillo”, esta organización expresa que «quien gobierna aquí tiene cuatro patas». Su estructura presenta al perro Chispito como presidente, Chocolatina en la vicepresidencia, Ladri encargado de la tesorería, Bimbi en la secretaría y la gata Oruga como vocal. Tras esta inusual composición corporativa están los abogados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, este último consejero legal del grupo y creador del partido Iustitia Europa, formación que también actúa como acusación popular impulsora de las primeras denuncias.
Ampliación del espectro judicial y respuesta en el Supremo
La jueza Tardón ha decidido admitir la participación de varias organizaciones y partidos políticos que solicitaron intervenir en las diligencias del caso —calificado por la magistrada como un «ataque a la integridad territorial de España»—. La única excepción fue la formación Se Acabó la Fiesta, liderada por Alvise Pérez, cuya petición fue denegada por atribuir delitos de lesa humanidad al monarca marroquí sin aportar evidencias ni justificación probatoria.
La actividad judicial de Zeolandia no se limita a la Audiencia Nacional. Paralelamente, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de una «omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas» y de ocultar información relativa al desplazamiento de más de 72.000 personas hacia la ciudad autónoma. El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de cinco días al Ministerio de la Presidencia para entregar el expediente administrativo completo en el marco del procedimiento de protección de derechos fundamentales.
