La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha presentado acciones legales contra la directora de Comunicación del Ministerio, al considerar que la elaboración de esta lista podría infringir el Estado de Derecho y constituir posibles delitos de malversación y revelación de secretos.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa, liderada por Alejo Vidal-Quadras, ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid tras la difusión de un documento que fue elaborado en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. El recurso judicial se dirige contra María Nieves Goicoechea González, directora de dicha oficina, además de cualquier empleado público que pudiera estar involucrado, acusándolos de crear un registro sistemático con el fin de supervisar a periodistas.
El documento, denominado «Tertulianos. Radio y Televisión» y fechado en 2024, incluye una base de datos con información detallada de cerca de 280 periodistas, analistas y colaboradores de medios. Según la querella, al menos 251 perfiles registran observaciones específicas acerca de la orientación ideológica de estos profesionales y su postura política respecto al Gobierno central o al Partido Socialista, con etiquetas tales como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «muy crítico con el PSOE actual».
La Fundación considera grave desde un punto de vista institucional el uso de recursos públicos para confeccionar un fichero de control ideológico sobre la prensa, una práctica que asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han calificado como inaceptable en un Estado democrático. Los denunciantes sostienen que los hechos podrían constituir delitos de malversación de fondos públicos y de revelación de secretos al tratar datos personales protegidos sin una justificación o finalidad pública autorizada.
Con el fin de esclarecer el origen y la finalidad del informe, la querella solicita la realización inmediata de varias diligencias probatorias. Entre ellas, la entrega del archivo digital original con sus metadatos para identificar a los autores, la identificación completa del personal adscrito a la Oficina de Comunicación de Interior durante los hechos y la citación como investigada de la directora de la oficina. La entidad subraya la necesidad de establecer qué altos cargos ordenaron la creación del fichero, con qué objetivos fue utilizado y si hubo un empleo indebido de recursos públicos para restringir la libertad de información y el pluralismo.
