MADRID.— Este jueves, el rey Felipe VI dirige la ceremonia oficial de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en un contexto de notable tensión política y desencuentros entre el Poder Judicial y el Ejecutivo español. Asisten al evento las máximas autoridades del Estado, entre ellas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, además de destacados magistrados y representantes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo.
La inauguración del nuevo curso judicial coincide con un aumento de las tensiones derivadas de las recientes decisiones del Supremo respecto al censo electoral vinculado a la ley de nietos, junto con las pesquisas judiciales relacionadas con la crisis migratoria en Ceuta.
Principales fuentes de conflicto entre el Gobierno y la judicatura
El acto institucional se verá marcado por diversas controversias que han intensificado las críticas mutuas entre instituciones:
- Paralización temporal de inscripciones en el censo electoral: La resolución del Tribunal Supremo que suspende momentáneamente la incorporación de nuevas inscripciones electorales asociadas a la ley de nietos ha provocado un fuerte rechazo por parte del Gobierno, que ha cuestionado de forma unánime la sentencia de los magistrados.
- Disputas por las investigaciones vinculadas a Ceuta: El intercambio de comunicaciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló —quien defendió la autonomía de las decisiones judiciales—, ha provocado un aumento de la división institucional relacionada con la gestión de la situación migratoria.
- Atención a los discursos oficiales: Se centran todas las expectativas en las intervenciones de la presidenta del Tribunal Supremo y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Esta última enfrenta críticas de un sector del ámbito judicial, no solo por su apoyo hacia su predecesor, Álvaro García Ortiz, sino también por el informe enviado a Bruselas con objeciones a la causa que concluyó con la condena contra el antiguo responsable del Ministerio Público.
