La dimisión del jefe de gabinete de la Delegación abre nuevas preguntas sobre qué ocurrió realmente el 29 de julio, cuando el CNI trasladó información sobre una convocatoria para entrar en Ceuta
La dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, lejos de cerrar la polémica sobre los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a la entrada masiva del 30 y 31 de julio, abre nuevas preguntas sobre la cadena de información y las decisiones que se adoptaron en las horas previas a la crisis.
Sanz ha presentado su dimisión después de que los documentos desclasificados por el Gobierno confirmaran que mantuvo contacto con un agente del CNI el 29 de julio. La documentación recoge un mensaje en el que se advertía de un llamamiento en redes sociales para intentar entrar en Ceuta por la valla y por el mar al día siguiente.
El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha mantenido que él no recibió esa comunicación y que su jefe de gabinete no le trasladó el contenido del mensaje. Triano ha defendido que se trató de una conversación informal y que no podía considerarse una alerta oficial.
Sin embargo, la versión de Sanz apunta en otra dirección. El ya exjefe de gabinete sostiene que sí informó al delegado. Esa discrepancia se encuentra precisamente en el centro de la decisión que ha terminado con su salida de la Delegación.
Y aquí aparece una de las principales preguntas que quedan abiertas.
Si Sanz recibió la información del CNI y, como sostiene, se la trasladó al delegado, ¿por qué no se adoptaron medidas extraordinarias ante una posible entrada masiva?
Y, en sentido contrario, si el delegado sostiene que nunca recibió esa información, ¿por qué el jefe de gabinete mantuvo durante semanas una posición dentro de la Delegación y por qué ha esperado ahora para presentar su dimisión?
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque el mensaje recibido por Sanz no hablaba simplemente de una situación migratoria genérica. El CNI hacía referencia a una convocatoria en redes sociales para intentar entrar en Ceuta por la valla y por el mar y señalaba que dos grupos relacionados con el llamamiento sumaban alrededor de 180.000 seguidores. Posteriormente, el propio agente del CNI y Sanz mantuvieron además una conversación telefónica de unos once minutos.
El Gobierno sostiene que aquella información no anticipaba la dimensión que finalmente alcanzaría la crisis y que el CNI no emitió una alerta formal sobre una entrada masiva. El propio CNI ha admitido posteriormente que no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo.
Pero esa explicación tampoco resuelve todas las incógnitas.
Porque incluso aceptando que nadie pudiera prever que decenas de miles de personas intentarían entrar en Ceuta, queda por determinar qué hizo la Delegación del Gobierno con la información que sí estaba recibiendo.
Si el delegado fue informado, debe explicar qué medidas ordenó y por qué considera que la información no justificaba una respuesta mayor.
Si, por el contrario, nunca fue informado, debe aclararse por qué una información procedente del CNI quedó en manos de su jefe de gabinete sin llegar al máximo responsable del Gobierno en Ceuta.
La dimisión de Sanz tampoco responde por sí sola a esa cuestión. Al contrario, introduce una nueva incógnita: ¿se marcha porque reconoce que cometió un error al no informar al delegado o porque considera que sí cumplió con su obligación y no comparte la versión de su superior?
La respuesta es especialmente importante porque la propia salida de Sanz se produce después de que se hiciera pública la documentación que acredita sus contactos con el CNI.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió en esas horas. No se trata únicamente de determinar quién recibió un WhatsApp. Se trata de conocer cómo funcionó la cadena de información de la Delegación del Gobierno, qué decisiones se tomaron y quién asumió la responsabilidad de valorar aquella información.
La crisis del 30 y 31 de julio dejó a Ceuta ante una situación sin precedentes. Ahora, más de un mes después, la publicación de los documentos del CNI y la dimisión de quien estaba en el centro de esas comunicaciones obligan a responder a una pregunta que sigue sin una explicación convincente:
Si la información llegó a al jefe de gabinete de la Delegación el 29 de julio, ¿qué se hizo con ella?
