El Gobierno reclama solidaridad territorial mientras distintos ejecutivos autonómicos rechazan el traslado y piden priorizar la reagrupación familiar o el retorno de los menores que cumplan los requisitos legales
La situación de los menores migrantes no acompañados se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política derivados de la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. El Gobierno central reclama la colaboración de las comunidades autónomas para descongestionar el sistema de protección de la ciudad, mientras varios ejecutivos autonómicos, especialmente los gobernados por el Partido Popular y Vox, se muestran contrarios al reparto territorial.
El Ministerio de Juventud e Infancia mantiene sobre la mesa un plan para trasladar a la Península a alrededor de 500 menores a través de entidades especializadas en atención a la infancia. La propuesta fue trasladada por la ministra Sira Rego al presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el Gobierno central sostiene que permitiría aliviar la presión sobre los recursos de la ciudad.
La propuesta, sin embargo, continúa bloqueada. El propio Ministerio ha señalado que para ponerla en marcha es necesaria la participación de Ceuta, mientras que la posición de varias comunidades autónomas dificulta que exista una respuesta territorial compartida.
Las comunidades del PP y Vox rechazan el reparto
La negativa de varias autonomías se ha convertido en uno de los principales obstáculos políticos. Aragón, Castilla y León y Extremadura, gobernadas por coaliciones de PP y Vox, se ausentaron de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia celebrada a finales de agosto para protestar contra la política de reparto.
La Comunidad de Madrid también ha mostrado su rechazo a un reparto de menores procedentes de Ceuta y ha defendido que debe priorizarse la reunificación familiar.
En Aragón, su presidente, Jorge Azcón, ha llegado a defender que tanto los adultos como los menores que entraron durante la crisis deben ser devueltos a Marruecos, al considerar que trasladarlos a otros puntos de España supondría, en su opinión, un error estratégico.
Las comunidades gobernadas por PP y Vox han planteado además que antes de proceder a cualquier traslado deben analizarse individualmente los expedientes y estudiar las posibilidades de reunificación familiar o retorno cuando legalmente proceda.
El Gobierno insiste en que Ceuta necesita ayuda
Frente a estas posiciones, el Ejecutivo central sostiene que la situación de Ceuta requiere una respuesta solidaria del conjunto del Estado.
La ministra Sira Rego ha pedido a las comunidades autónomas que “arrimen el hombro” y ha defendido que la atención de los menores no acompañados debe abordarse como una cuestión de país.
El Gobierno ha habilitado además financiación extraordinaria para hacer frente a la situación. El Consejo de Ministros aprobó un crédito de casi 63 millones de euros destinado a reforzar la atención a los menores migrantes en Ceuta, incluyendo recursos de acogida, asistencia jurídica y atención psicosocial, educativa y sanitaria.
A esa cantidad se sumaron los 25 millones aprobados previamente para afrontar los gastos derivados de la emergencia migratoria.
Más de 2.000 menores ya han sido filiados
La dimensión del problema se refleja también en las cifras manejadas por el Gobierno.
El 8 de septiembre, el Ejecutivo cifró en 2.004 los menores no acompañados filiados en Ceuta. El objetivo es completar la identificación y abrir los correspondientes expedientes individualizados para estudiar cada caso y determinar si procede la reagrupación familiar u otra solución legal.
El Gobierno ya había informado de que una parte importante de estos menores llegó a la ciudad durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
La presión sobre el sistema de protección de menores ha obligado a las administraciones a buscar nuevas fórmulas de acogida y a plantear la utilización de recursos fuera de Ceuta.
Navarra sí acepta trasladar menores
En medio del enfrentamiento político, algunas comunidades han mostrado una posición diferente.
Navarra ha aceptado la llegada de cinco niñas procedentes de Ceuta. El Gobierno central ha utilizado esta decisión como ejemplo para reclamar la colaboración del resto de comunidades autónomas.
El Ministerio sostiene que existen mecanismos para que las comunidades puedan participar en la acogida y que los expedientes continúen tramitándose desde la Península.
La situación, sin embargo, sigue lejos de resolverse.
Una cuestión que va más allá del reparto
El debate sobre los menores ha terminado convirtiéndose en una nueva batalla política sobre la gestión de la crisis de Ceuta.
Mientras el Gobierno reclama solidaridad territorial y considera que la presión sobre la ciudad justifica el traslado de menores a otros puntos de España, varias comunidades sostienen que no pueden asumir nuevas plazas y cuestionan que el reparto sea la solución.
Al mismo tiempo, existe un punto de coincidencia sobre la necesidad de estudiar individualmente cada caso. El Gobierno insiste en que la reunificación familiar debe ser una de las prioridades, siempre que pueda realizarse con garantías y atendiendo al interés superior del menor.
La cuestión pendiente es cuándo podrán comenzar los traslados y cuántas comunidades estarán finalmente dispuestas a participar.
Para Ceuta, el problema tiene una dimensión especialmente importante. La ciudad continúa soportando una presión extraordinaria sobre sus recursos de protección mientras miles de personas permanecen todavía vinculadas a la emergencia migratoria iniciada a finales de julio.
El debate político sobre quién debe asumir la responsabilidad continúa abierto. Pero para la ciudad autónoma la pregunta es mucho más concreta: cuánto tiempo podrá mantener su sistema de protección de menores bajo la presión actual y qué respuesta dará el conjunto del Estado.
