El Ejecutivo central ha reconocido la expulsión de 307 individuos en Ceuta desde que comenzó la crisis migratoria el 30 de julio. No obstante, aclaró que estas expulsiones fueron motivadas por la comisión de delitos y no por procedimientos vinculados a entradas irregulares en la ciudad autónoma.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se han llevado a cabo 307 expulsiones desde el estallido de la crisis en el espigón de El Tarajal. Según fuentes oficiales, estas salidas obligadas responden a infracciones legales y acciones delictivas, y no a entradas ilegales. También indicaron que no pueden asegurar si las personas expulsadas ingresaron durante el intento masivo o si ya estaban en Ceuta con anterioridad.
Los datos oficiales indican que cerca de 10.000 personas permanecen en Ceuta, distribuidas entre zonas habilitadas, calles y playas. Esto ocurre después del regreso voluntario de 5.482 personas a Marruecos, contabilizado desde el 10 de agosto.
En cuanto a los menores, el número de niños registrados asciende a 1.612, sumándose a los casi 400 que ya estaban bajo tutela de la ciudad autónoma. El ministro Torres señaló que es complicado determinar cuántos menores aún no están inscritos en la vía pública, estimando entre 700 y 1.000 más basándose en la distribución de alimentos en la zona, lo que supondría un total cercano a los 3.000 menores.
Sobre la gestión de los expedientes, Torres afirmó que la mayoría de adultos no recibirán protección internacional y serán devueltos. Para agilizar el primer triaje que abarca identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el dispositivo con cerca de 100 agentes de la Policía Nacional, realizándose hasta ahora 1.822 evaluaciones a personas adultas.
