La Guardia Civil localizó a los ocupantes hacinados en distintas zonas de la vivienda, mientras la Policía Nacional desarticuló otra trama que alquilaba garajes como alojamiento irregular
La Guardia Civil detuvo en Ceuta a una pareja sospechosa de esconder a 25 inmigrantes en situación irregular en el interior de un piso, donde supuestamente les cobraban 300 euros mensuales por persona para alojarlos en condiciones insalubres.
Gracias a las alertas de varios vecinos, la operación permitió hallar el llamado piso patera en un edificio ubicado en el número 91 de la calle Real.
Durante la inspección, los agentes encontraron a los residentes repartidos en diversas áreas del inmueble: cinco estaban en la cocina, otro grupo en una habitación, algunos en el garaje y otros en los descansillos del inmueble.
Seis menores entre los 25 inmigrantes hallados
Entre las personas localizadas en la vivienda había seis menores de edad, según los datos facilitados sobre la operación.
Todos habrían arribado a la ciudad autónoma durante la llegada masiva ocurrida en julio.
Los agentes trasladaron a las personas a dependencias oficiales para iniciar los procedimientos pertinentes junto a la Policía Nacional, encargada de gestionar su situación administrativa.
Otra investigación contra una red que alquilaba garajes
Simultáneamente, la Policía Nacional llevó a cabo una operación en Ceuta contra una organización presuntamente dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular.
Según las pesquisas, la red captaba personas, les ofrecía alojamiento a cambio de pagos y coordinaba su traslado irregular hacia la península.
Los responsables habrían empleado un garaje comunitario en la barriada del Príncipe como lugar de alojamiento, cobrando cantidades cercanas a los 900 euros mensuales por dormir en el suelo mientras se planificaba el traslado.
Algunos espacios se ofrecían por precios aproximados a 30 euros diarios, incluyendo plazas de garaje y trasteros.
Cobros adicionales y amenazas durante la estancia
La investigación también indica que los encargados cobraban pequeñas sumas extra por servicios como la carga de teléfonos móviles, con importes entre cinco y diez euros.
Los inmigrantes entrevistados durante las actuaciones policiales mencionaron la existencia de amenazas y presiones para evitar su colaboración con las autoridades.
Además, la organización habría supuestamente ofrecido traslados irregulares a la península por montos que podrían llegar a los 6.000 euros.
Estas acciones ocurren semanas después de una sentencia relacionada con el alojamiento irregular de inmigrantes en un garaje de la avenida Reyes Católicos, en un contexto en que las fuerzas de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre posibles redes de explotación ligadas a la situación migratoria en Ceuta.
