La iniciativa del Gobierno para incluir a Ceuta y Melilla en Schengen y en la Unión Aduanera parte de un informe del exeurodiputado Jordi Cañas. Sin embargo, el análisis jurídico señala que el ‘atajo’ para obtener el estatus de RUP es exclusivo para territorios ultramarinos.
Una propuesta con cuatro años de fondo
La estrategia presentada por el presidente Pedro Sánchez el 3 de septiembre en el Congreso para reforzar la relación de Ceuta y Melilla con la Unión Europea sigue el esquema principal de un informe técnico denominado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Este informe, que consta de 124 páginas, fue dado a conocer en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por Jordi Cañas, entonces eurodiputado de Ciudadanos, y surgió tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Ya expuso los tres pilares que hoy el Ejecutivo plantea:
- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Eliminar la condición de «terceros Estados» para efectos comerciales y unificar el sistema arancelario, manteniendo el IPSI.
- Ingreso en el espacio Schengen: Eliminar los controles documentales en los viajes hacia la Península, además de actuar como freno contra el contrabando.
- Obtención del estatus de Región Ultraperiférica (RUP) o similar: Acceder a fondos y políticas europeas específicas para cohesión.
El obstáculo legal: el ‘atajo’ de los territorios ultramarinos
A pesar de coincidir en objetivos, la diferencia principal está en la viabilidad jurídica detallada en el informe.
El mecanismo simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite modificar rápidamente el estatus territorial, como Francia hizo con Mayotte en 2011. No obstante, se subraya que dicha vía rápida se reserva solo a territorios calificables como «ultramar», categoría en la que Ceuta y Melilla no encajan al ser parte integral de un Estado miembro.
Por ello, si no se puede recurrir a este procedimiento, la incorporación de estas dos ciudades autonómicas implicaría una reforma ordinaria de los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere unanimidad y ratificación de todos los países miembros. Esta dificultad legal llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a aclarar que el Gobierno antepone la realidad práctica a la etiqueta jurídica, mostrando disposición para negociar un estatus semejante al de las RUP sin necesidad de modificar los Tratados.
Una iniciativa para reforzar la protección desde Europa
Más allá de su clasificación formal, la propuesta del informe de 2022 que el Ejecutivo ahora adopta defiende que una mayor integración institucional con Bruselas elevará la implicación de la Unión Europea en la defensa política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, superando la relación bilateral tradicional entre España y Marruecos.
