Las comparecencias previstas para este martes quedan aplazadas por la falta de la documentación administrativa de la contratación de los mataderos provisionales
Las declaraciones de la consejera de Hacienda de la Ciudad, Kissy Chandiramani, y del diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, previstas este martes en calidad de investigados por el contrato de los mataderos provisionales de la Fiesta del Sacrificio, han quedado suspendidas al no haberse incorporado todavía a las actuaciones el expediente administrativo de la contratación.
La suspensión afecta también a la comparecencia prevista como testigo de la esposa de Rahal, administradora de la empresa adjudicataria del servicio.
Según fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, el expediente administrativo que debía aportar la Ciudad todavía no formaba parte de las actuaciones judiciales. A ello se suma que las defensas tampoco disponían de toda la documentación del procedimiento necesaria para afrontar las declaraciones.
La Fiscalía habría solicitado igualmente que se incorporase el expediente administrativo antes de continuar con las comparecencias.
Pendientes de nueva citación
Chandiramani y Rahal habían sido citados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta para responder como investigados en relación con el procedimiento de adjudicación del servicio de instalación y gestión de los mataderos provisionales habilitados con motivo de la Fiesta del Sacrificio.
La causa se inició a raíz de las actuaciones promovidas por la Fundación Abogados Cristianos, que cuestiona el procedimiento de contratación y sostiene que podrían existir indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos.
La suspensión de las declaraciones no supone ninguna conclusión sobre la existencia de responsabilidad penal. Chandiramani y Rahal mantienen en esta fase la condición procesal de investigados y será la instrucción judicial la que determine las circunstancias que rodearon el procedimiento de contratación.
Una vez que la Ciudad remita el expediente y las partes tengan acceso a la documentación necesaria, el juzgado deberá fijar una nueva fecha para las comparecencias.
Un contrato de más de 2,3 millones de euros
El contrato objeto de investigación fue adjudicado a Herederos de M. Jimena S.L. por un importe anual de 578.282,75 euros, impuestos incluidos, durante un periodo inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.
El importe total previsto para esos cuatro años asciende a 2.313.131 euros.
Una de las cuestiones que forman parte de las actuaciones es que la oferta económica presentada por la empresa adjudicataria no fue la más baja del procedimiento.
Global Rochis Group S.L. había presentado una propuesta cercana a los 370.800 euros anuales, aunque su oferta fue posteriormente descartada después de que la mesa de contratación considerase que incurría en una baja anormal y entendiera insuficiente su justificación.
El expediente administrativo que ahora debe incorporarse a la causa contiene precisamente la documentación relativa a la tramitación del procedimiento, los informes y decisiones adoptadas durante la contratación y los criterios que desembocaron en la adjudicación.
La partida presupuestaria también está bajo análisis
Otro de los aspectos cuestionados por la parte denunciante es la evolución de la partida presupuestaria destinada al servicio.
La cantidad inicialmente contemplada en los presupuestos era de 377.180 euros, cifra que posteriormente fue elevada hasta 580.896 euros mediante una enmienda.
Finalmente, el contrato fue adjudicado por 578.282,75 euros anuales, una cantidad próxima a la partida presupuestaria finalmente disponible.
La incorporación del expediente permitirá al juzgado y a las partes analizar la documentación administrativa relacionada con estas modificaciones y con el proceso que culminó en la adjudicación.
Chandiramani aseguró que aportaría toda la documentación
Tras conocerse su citación judicial, Kissy Chandiramani manifestó públicamente su respeto a las decisiones judiciales y aseguró que la Administración aportaría “el expediente completo”.
La consejera también sostuvo entonces que la contratación no había sido objeto de recurso en vía administrativa.
Ahora, la ausencia del expediente administrativo en las actuaciones judiciales ha provocado el aplazamiento de las declaraciones previstas.
La nueva fecha para las comparecencias de Chandiramani y Rahal, así como para la declaración como testigo de la esposa del diputado, quedará pendiente de que se complete la documentación requerida y el juzgado vuelva a citar a las partes.
La investigación continúa abierta y la condición de investigados no implica que los delitos denunciados hayan quedado acreditados.
