MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, expresó este martes la oposición rotunda de su partido al reparto regional de menores extranjeros no acompañados que llegan desde Ceuta, acusando al Ejecutivo central de valerse de la Fiscalía para ordenar lo que denominó un «secuestro institucionalizado de menores».
Estas declaraciones se producen después de que se conociera que al menos tres comunidades autónomas donde Vox gobierna junto al Partido Popular —Castilla y León, Aragón y Extremadura— están acogiendo a menores tras su llegada a la ciudad autónoma. Preguntada sobre si estas recepciones corresponden a traslados acordados antes del 30 de julio, Millán evitó confirmarlo.
Durante su intervención, la portavoz parlamentaria señaló que «no es equitativo que se exija mayor responsabilidad a los municipios que al Gobierno» y calificó la distribución territorial como «un tráfico institucionalizado de personas». Además, indicó que en las regiones donde su partido tiene presencia se están implementando acciones de oposición, tales como recursos judiciales contra cada solicitud de acogida, la realización de pruebas para determinar la edad, la disminución de ayudas económicas directas y la reducción de fondos a las ONG que apoyan a los migrantes.
Por otro lado, fuentes internas de Vox aclararon la postura del partido respecto a la acogida en las comunidades con gobiernos regionales, subrayando que las autonomías están obligadas legalmente a asumir la tutela de estos menores. «Está claro que la ley obliga, pero eso no implica conformidad. No los aceptamos, nos los imponen», señalaron, reiterando que el partido «rechaza ese reparto y cumple con la ley» mientras agota la vía judicial para impugnar los traslados.
