Una delegación encabezada por Miguel Borra solicita al Parlamento Europeo que examine la gestión del Ministerio del Interior, la carencia estructural de recursos y la falta de protección para los empleados públicos en la ciudad autónoma.
BRUSELAS.— La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado un paso importante ante las instituciones europeas. Este jueves, el sindicato más relevante en las administraciones públicas presentó una petición formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se inicie una investigación sobre las medidas del Gobierno español durante la crisis migratoria y de servicios en Ceuta, al considerar que existe un incumplimiento sistemático de las normativas y directivas de la Unión Europea.
Una delegación de la central sindical, dirigida por su presidente, Miguel Borra, viajó a Bruselas para entrevistarse con miembros de la Comisión Europea. En estos encuentros, el sindicato destacó que la situación en la ciudad autónoma no es un problema puntual, sino una «deficiencia estructural y falta de planificación» por parte del Ejecutivo central que ha provocado el colapso de las infraestructuras públicas y pone en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores.
Incumplimiento de reglamentos y normativa de la UE
En el documento presentado ante la Eurocámara, CSIF responsabiliza directamente al Ministerio del Interior y señala varias presuntas infracciones a la legislación europea, afectando aspectos fundamentales como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- Código de Fronteras Schengen (Art. 15): Esta normativa exige que los Estados miembros asignen personal y recursos suficientes en las fronteras exteriores. CSIF indica que la dotación en Ceuta ha sido claramente insuficiente.
- Reglamento sobre Screening: Alertan sobre el incumplimiento reiterado del plazo máximo de 3 días establecido por la UE para completar los procesos de triaje e identificación.
- Normativa Frontex: Señalan la falta de coordinación y la omisión de mecanismos europeos de apoyo en la gestión migratoria.
Análisis del colapso: desde el colapso hospitalario al exceso de internos en prisiones
El informe técnico preparado por CSIF presenta una situación muy grave en sectores clave de la administración pública en Ceuta:
- Seguridad Ciudadana: El sindicato considera que la respuesta de Interior fue «notablemente insuficiente». Destacan que la Unidad de Intervención Policial (UIP) dispuso de solo 180 agentes (aproximadamente 60 por turno) para proteger a una población de 85.000 habitantes frente a oleadas de entrada que alcanzaron hasta 80.000 personas.
- Sanidad (Ingesa): Señalan una saturación extrema en los servicios de urgencias y forenses, junto con la falta de protocolos de seguridad biológica para atender a personas sin triage previo.
- Prisiones y Justicia: La expansión de la población penitenciaria en el Centro Penitenciario amenaza con superar la capacidad operativa, por lo que el sindicato exige limitar el número de internos. En el ámbito judicial, alertan sobre la indefensión de los funcionarios en actuaciones fuera de las instalaciones.
- Emergencias y Menores: Se reportan cuadros de agotamiento mental en las plantillas de Salvamento Marítimo y Bomberos tras las intervenciones en el Tarajal, además de un hacinamiento crítico en los centros de menores, que pone en peligro la integridad física del personal.
- Función Pública y RPT: La central sindical demanda una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), actualmente «obsoleta y con insuficiencia de plazas», ya que existen numerosas posiciones presupuestadas que nunca han sido convocadas, lo que implica un abuso de la temporalidad contrario a la Directiva 1999/70/CE.
Reclamaciones a la Unión Europea
Mediante esta acción, CSIF solicita a las autoridades europeas que realicen una auditoría detallada para verificar si el Estado español ha impuesto los recursos mínimos necesarios para asegurar la protección de la frontera exterior de la UE, si se respetan los procedimientos de asilo y devolución, y los motivos por los que no se activaron adecuadamente los mecanismos comunitarios de gestión de crisis.
