El testimonio del presidente de Ceuta sobre los diez avisos no atendidos por Moncloa antes de la entrada masiva respalda la hipótesis de una posible omisión de responsabilidades en la gestión de la seguridad nacional.
MADRID.— La declaración como testigo del presidente de Ceuta, Juan Vivas, ante la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional ha dado un vuelco a la perspectiva judicial sobre la crisis migratoria. El relato detallado del líder autonómico acerca de las alertas desoídas, las peticiones de emergencia nacional que no se atendieron y los diez intentos de comunicación con el Gobierno de Pedro Sánchez —siete de los cuales no obtuvieron respuesta— plantea la posible existencia de un delito por omisión del deber por parte de altos cargos del Ejecutivo central.
Durante su intervención, Vivas explicó que en los días previos al 30 de julio, la Ciudad Autónoma advirtió con insistencia sobre el riesgo inminente de saturación en las infraestructuras locales y en los centros de acogida. A pesar de estos avisos claros, Moncloa decidió delegar la interlocución en la Delegación del Gobierno y no activó los protocolos excepcionales de ayuda ni reforzó las medidas de seguridad.
Las consecuencias legales de la falta de actuación
Fuentes del ámbito jurídico indican que la presentación de los registros de llamadas y las solicitudes formales realizadas por Vivas fortalecen la línea de investigación enfocada en esclarecer si hubo un incumplimiento del deber de asistencia y protección de las fronteras por parte de las autoridades del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Gobierno.
El delito de omisión del deber, que contempla la falta de respuesta obligatoria ante un peligro evidente para la seguridad o los derechos fundamentales, se convierte en un punto clave dentro de las diligencias. La acusación particular ejercida por la propia Ciudad Autónoma procura establecer si los responsables centrales disponían de la información necesaria para actuar preventivamente y optaron por no hacerlo.
Moncloa ofrece una versión distinta a la del presidente autonómico
Ante el testimonio entregado en la Audiencia, desde Moncloa se rechaza la acusación de falta de acción y se sostiene que la gestión de la situación migratoria se desarrolló a través de los canales administrativos habituales coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No obstante, el avance del procedimiento en la Audiencia Nacional destaca el testimonio de Juan Vivas y la secuencia de llamadas sin respuesta como prueba fundamental para evaluar la responsabilidad institucional ante un suceso que el propio presidente ceutí describió como el principal reto para la seguridad nacional española en las últimas cinco décadas.
