La magistrada ordena que los investigadores informen exclusivamente al juzgado y a la Fiscalía y mantiene bajo reserva varios informes sobre la organización, financiación y posibles responsables de la entrada del 30 de julio
La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio da un nuevo paso con el refuerzo de las medidas de confidencialidad acordadas por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
La jueza ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que informen exclusivamente al juzgado y a la Fiscalía sobre los avances de las distintas líneas de investigación abiertas en la causa. La decisión responde, según el auto, al riesgo de posibles “interferencias externas”.
Tardón señala que de las diligencias practicadas hasta ahora se desprenden “algunos indicios” sobre la posible implicación de personas que podrían ocupar altas responsabilidades en instituciones públicas, así como relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. La magistrada considera que estas circunstancias incrementan el riesgo de interferencias en la investigación.
Los investigadores dependerán directamente del juzgado
El nuevo régimen de reserva implica que los agentes encargados de las pesquisas no deberán trasladar información sobre el desarrollo del caso a sus superiores orgánicos. Los avances deberán comunicarse directamente al órgano judicial y a la Fiscalía.
Además, Tardón ha acordado mantener en secreto varios de los informes solicitados durante la instrucción. Estos documentos serán incorporados a una pieza separada y reservada a la que tendrá acceso la Fiscalía.
La magistrada advierte también de que cualquier circunstancia que pueda afectar a la reserva o a la eficacia de las diligencias deberá ser comunicada inmediatamente al juzgado y al Ministerio Fiscal.
La investigación busca identificar a los responsables de la movilización
Entre las líneas de investigación se encuentra la identificación de personas que pudieron actuar como “agentes dinamizadores” durante los acontecimientos. La jueza ha pedido nuevos análisis de imágenes y grabaciones para tratar de determinar la identidad y funciones de quienes pudieron impartir instrucciones a los migrantes durante el cruce de la frontera.
La investigación también trata de esclarecer la posible existencia de una estructura organizada detrás de la convocatoria del 30 de julio y determinar cómo pudo financiarse la movilización.
Para ello, Tardón ha solicitado informes financieros a la UDEF y a la UCO, además de nuevas actuaciones de unidades de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI.
Una investigación que sigue abierta
La causa permanece en fase de instrucción y todavía no se han concretado responsabilidades penales. La referencia de la jueza a posibles personas con altas responsabilidades públicas o vinculadas a gobiernos extranjeros forma parte de las diligencias de investigación y no equivale a una imputación formal.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas para reconstruir lo ocurrido antes y durante la entrada masiva, incluyendo las alertas previas, la organización de la movilización, su posible financiación y la actuación desarrollada en la frontera.
La decisión de Tardón llega después de que la magistrada ya hubiera adoptado anteriormente medidas para limitar la difusión de información de la investigación. En septiembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó su respaldo a su actuación y sostuvo que sus decisiones no habían interferido en la seguridad nacional.
