La jueza María Tardón quiere esclarecer qué sabían las autoridades antes del 30 de julio, qué medidas adoptaron y si existió una organización previa de la entrada de migrantes.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar el próximo 27 de octubre a tres consejeros del Gobierno de Ceuta: Alejandro Ramírez, Nabila Benzina y Alberto Gaitán, dentro de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
Los tres comparecerán en calidad de testigos, después de que Juan Vivas señalara que habían participado directamente en la gestión de la crisis. El día 28 declararán también tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes durante los acontecimientos.
La jueza reclama informes de inteligencia
La magistrada ha solicitado al Ministerio de Defensa todos los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto, incluidos los documentos que advertían del riesgo de una entrada masiva.
También reclama grabaciones de drones, cámaras de vigilancia, imágenes militares y comunicaciones internas de las administraciones correspondientes a las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio.
Además, ha ordenado identificar a un confidente de la Guardia Civil que supuestamente alertó de movimientos sospechosos en Castillejos antes de la crisis.
Las alertas previas, bajo investigación
La documentación conocida hasta ahora revela que el CNI había advertido de convocatorias masivas difundidas en redes sociales y que las autoridades marroquíes también habían recibido información sobre el riesgo.
La investigación pretende determinar qué organismos conocían esas advertencias, cómo circularon y qué decisiones se adoptaron antes de que comenzaran las entradas.
Otra cuestión pendiente es esclarecer la posible relación entre la presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas y los acontecimientos del 30 de julio.
Por el momento no hay personas formalmente investigadas en esta causa. La Audiencia Nacional continúa reuniendo testimonios y documentación para determinar si existió una actuación organizada y establecer las posibles responsabilidades.
