Eulen, cuya dirección cuenta con la hermana del líder del PP, acumula adjudicaciones millonarias en seguridad fronteriza, vigilancia y atención sociosanitaria a migrantes.
La multinacional Eulen vuelve a situarse en el centro de la contratación pública relacionada con la gestión migratoria en Ceuta. La empresa ha sido adjudicataria de un contrato de emergencia por 457.707,06 euros destinado a la vigilancia y seguridad de los recursos extraordinarios ubicados en El Tarajal y de las dependencias del Equipo Técnico de Protección de Menores, tras la última crisis migratoria registrada en la ciudad.
La adjudicación se suma a una larga relación de contratos públicos obtenidos por el grupo empresarial en Ceuta y Melilla, especialmente en ámbitos relacionados con la seguridad fronteriza, la atención a personas migrantes, el mantenimiento de instalaciones y la prestación de servicios sociosanitarios.
La dimensión de estos contratos sitúa a Eulen entre las compañías con una presencia destacada en la externalización de servicios vinculados a la gestión migratoria en las fronteras españolas con Marruecos.
Una larga lista de adjudicaciones en Ceuta
La actividad de Eulen en la ciudad autónoma no se limita al último contrato de emergencia. Su filial Eulen Seguridad ha prestado servicios de vigilancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, con una facturación de 1.802.827 euros, según los datos recogidos en la información de referencia.
A esta cantidad se suman los contratos obtenidos por otras empresas del grupo. Eulen Servicios Sociosanitarios, por ejemplo, recibió en junio de 2026 una adjudicación de 606.341 euros para prestar atención sanitaria a los residentes del CETI.
Las filiales de la multinacional también han participado en la prestación de servicios de integración, atención y mediación social, limpieza, jardinería, gestión de almacenes y mantenimiento de las instalaciones de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
El conjunto de estas adjudicaciones refleja el peso de la contratación externa en el funcionamiento de distintos servicios relacionados con la acogida y gestión de personas migrantes.
Contratos millonarios para el mantenimiento de las fronteras
La presencia de Eulen en el perímetro fronterizo se remonta, al menos, a varios años atrás. En 2022, tras los acontecimientos registrados en la valla de Melilla, la compañía obtuvo un contrato de 690.370 euros para el mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma.
Ese mismo año, Eulen recibió otra adjudicación por 1.296.299 euros para el mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo de Ceuta.
La empresa ya había obtenido contratos relacionados con la crisis migratoria de 2021. En aquella ocasión, facturó 632.880 euros por un servicio de emergencia de auxiliares de atención sociosanitaria a personas migrantes adultas tras la entrada masiva de ciudadanos marroquíes. También recibió 241.622 euros por la vigilancia y seguridad de albergues temporales en la ciudad.
A estas cantidades hay que añadir otros servicios de larga duración, como la vigilancia y el control de acceso de personas, vehículos y mercancías en la frontera del Tarajal, así como el mantenimiento de las dependencias de los puestos fronterizos de El Tarajal, en Ceuta, y Beni-Enzar, en Melilla.
La externalización alcanza a otros servicios públicos
La actividad del grupo no se circunscribe exclusivamente a la frontera ni a los centros de acogida. Eulen también ha participado en la prestación de servicios de seguridad y mantenimiento para distintas administraciones y organismos públicos.
Entre ellos figuran instalaciones del puerto de Ceuta, dependencias de Aguas de Ceuta, centros vinculados a la Consejería de Sanidad, centros penitenciarios de Ceuta y Melilla, oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno y dependencias del Servicio Público de Empleo Estatal.
Esta diversificación permite a la compañía mantener una presencia en diferentes ámbitos de la contratación pública, mientras las administraciones recurren a empresas privadas para cubrir servicios que consideran necesarios para su funcionamiento.
La familia propietaria de Eulen y sus vínculos políticos
El grupo empresarial está controlado por la familia Álvarez Mezquíriz. Entre sus actuales propietarias figuran María José Álvarez Mezquíriz y María Álvarez Becerril, vinculadas a la dirección del grupo.
La compañía también ha sido objeto de atención por sus relaciones con el entorno político. Según la información de referencia, la familia propietaria de Eulen ha aportado financiación a Hazte Oír, asociación ultracatólica que ha mantenido posiciones públicas en diferentes debates políticos y sociales.
Asimismo, el grupo incorporó a Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como directora para el noroeste de España. Su actividad profesional en la compañía ha sido objeto de informaciones sobre las relaciones entre grandes empresas y responsables políticos.
Eulen también ha contado en su consejo de administración con antiguos responsables políticos, entre ellos los exministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa.
Estos vínculos no acreditan por sí mismos irregularidades en las adjudicaciones públicas, pero forman parte del contexto empresarial y político en el que opera una compañía con una importante cartera de contratos con las administraciones.
El contraste con las entidades sociales
Mientras las empresas privadas asumen servicios de vigilancia, mantenimiento y atención sociosanitaria mediante contratos públicos, las organizaciones sociales desempeñan también un papel en la atención a las personas migrantes que llegan a Ceuta.
La financiación y la actuación de algunas de estas entidades han sido objeto de controversia política y mediática, especialmente en el contexto de los discursos sobre seguridad, inmigración y gestión de menores extranjeros no acompañados.
La información de referencia señala, además, que el medio Eda TV recibió al menos 680.000 euros de fondos públicos a través de 172 contratos adjudicados directamente, una cifra que se presenta como ejemplo del debate sobre la distribución de recursos públicos entre empresas, medios de comunicación y entidades sociales.
La comparación pone sobre la mesa una cuestión de interés público: cómo se distribuye el dinero de las administraciones entre los servicios de seguridad, las empresas contratistas y las entidades que trabajan directamente en la atención social.
Una actividad documentada desde hace más de una década
La presencia de Eulen en el negocio del mantenimiento fronterizo ha sido objeto de seguimiento periodístico durante años. Entre las fuentes que han investigado esta actividad figura la Fundación porCausa, dedicada a la investigación y el análisis de las migraciones.
En 2014, el medio infoLibre informó de un contrato publicado en el Boletín Oficial del Estado por valor de 2.099.705 euros para el mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo de España con Marruecos en Melilla.
Desde entonces, las sucesivas adjudicaciones han ampliado el papel de Eulen en diferentes servicios vinculados a la frontera sur española.
La última contratación de emergencia en Ceuta vuelve a poner el foco sobre el volumen de recursos públicos destinados a la vigilancia y la gestión de la presión migratoria. El debate ya no se limita a la respuesta inmediata ante una crisis, sino que alcanza también al modelo de externalización elegido por las administraciones, la transparencia de los procedimientos y el seguimiento del dinero público.
La cuestión de fondo es cuánto cuesta este modelo, qué servicios presta realmente y qué mecanismos de control garantizan que cada euro adjudicado responde al interés general.
