La empresa municipal mantiene abierta una convocatoria para captar viviendas destinadas a emergencias habitacionales, pero se desconoce cuántos contratos se han firmado y cuántas familias se han beneficiado.
Ante la escasez de viviendas públicas y las numerosas familias que necesitan una solución habitacional, EMVICESA mantiene abierta desde agosto una convocatoria para alquilar viviendas de propietarios particulares y destinarlas a situaciones de emergencia.
La empresa municipal contempla alquileres máximos de 950 euros mensuales para viviendas pequeñas, 1.150 euros para las de dos dormitorios, 1.350 para las de tres y hasta 1.550 euros para las de mayor tamaño, con posibilidad de incrementos excepcionales del 10 % debidamente justificados.
Los propietarios cuentan con la garantía de pago de EMVICESA, que formaliza los contratos y gestiona la utilización temporal de las viviendas.
¿Cuántas viviendas se han conseguido?
Han transcurrido más de dos meses desde la apertura de la convocatoria y no se ha podido verificar públicamente cuántos propietarios han respondido, cuántas viviendas se han incorporado ni cuántas familias han sido realojadas.
¿Está funcionando el programa? ¿Resultan atractivas las condiciones para los propietarios? ¿Existen dificultades administrativas o escasez de viviendas disponibles?
A estos interrogantes se añade otro: ¿cuánto dinero público se ha comprometido y cuánto se ha gastado realmente?
Una segunda convocatoria para siete familias
EMVICESA también puso en marcha una convocatoria extraordinaria para captar siete viviendas destinadas al realojo de familias desalojadas del edificio de González de la Vega, número 5, declarado en ruina inminente.
En aquella ocasión se establecieron alquileres máximos de entre 650 y 1.200 euros mensuales, según las características de las viviendas.
¿Se consiguieron finalmente las siete viviendas? ¿Dónde fueron realojadas las familias afectadas?
Una alternativa necesaria, pero ¿suficiente?
La captación de viviendas privadas puede aliviar situaciones urgentes, pero no sustituye una política pública que dé respuesta a la elevada demanda de vivienda en Ceuta.
La cuestión no es únicamente aprobar convocatorias, sino comprobar sus resultados.
¿Cuántas viviendas ha conseguido EMVICESA, cuántas familias han encontrado alojamiento y qué coste está teniendo esta fórmula para las arcas públicas?
Un balance oficial permitiría conocer si estamos ante una alternativa eficaz para afrontar las emergencias habitacionales o una iniciativa cuyo alcance sigue siendo limitado.
