El Gobierno de Vivas analizará la respuesta remitida por el Ministerio de Política Territorial antes de decidir si presenta un recurso. La portavoz advierte de que el plazo previsto para diciembre podría incumplirse y cuestiona el ritmo de tramitación de los expedientes de devolución.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta estudia la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para exigir al Ejecutivo central información sobre la gestión de la crisis migratoria y, especialmente, sobre el procedimiento de devolución de las personas que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del pasado verano.
La portavoz del Gobierno ha anunciado este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el Ministerio de Política Territorial ha remitido una contestación al requerimiento formulado por la Ciudad. La respuesta ha quedado registrada durante la mañana y está siendo examinada por los servicios jurídicos, que deberán determinar si procede presentar finalmente el recurso.
Según ha explicado la portavoz, la comunicación del ministro se ha producido durante la celebración del Consejo de Gobierno. La decisión dependerá del contenido de la documentación recibida y de si esta responde a las cuestiones planteadas por la Administración local.
La devolución de migrantes, en el centro del conflicto
Uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas administraciones es la tramitación de los expedientes de devolución de las personas migrantes que permanecen en Ceuta.
El Gobierno local quiere conocer si se han puesto en marcha los medios necesarios para ejecutar estos procedimientos, cuándo comenzaron a tramitarse los expedientes, cuánto tiempo requiere su resolución y qué planificación maneja el Ministerio para completar las devoluciones.
La portavoz ha recordado que el Ejecutivo central había señalado diciembre como horizonte temporal para avanzar en la normalización de la situación. Sin embargo, ha expresado sus dudas sobre el cumplimiento de ese calendario, al asegurar que, según la información de la que dispone la Ciudad, todavía quedarían más de 7.000 personas distribuidas en distintos recursos de acogida.
«Entendemos que ese plazo seguramente no vamos a cumplir», ha señalado durante su intervención, en referencia al objetivo previsto para diciembre.
El Ejecutivo ceutí sostiene que necesita conocer con precisión el estado de los procedimientos y las previsiones de la Administración central para determinar cuándo podrá recuperarse la normalidad en la ciudad.
Los servicios jurídicos decidirán si se presenta el recurso
La portavoz ha insistido en que la Ciudad está analizando la contestación ministerial antes de adoptar una decisión definitiva. Si la respuesta no ofrece las aclaraciones solicitadas, el Gobierno local mantiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo por la vía correspondiente.
El objetivo del requerimiento es obtener información sobre la actuación del Estado en la gestión de la situación migratoria, con especial atención a los expedientes de devolución y a los plazos previstos para su ejecución.
Por el momento, el Gobierno de Ceuta no ha confirmado la presentación del recurso. La decisión se adoptará una vez que los servicios jurídicos hayan estudiado el contenido de la respuesta remitida por el Ministerio.
El certificado de residencia será obligatorio para los bonos de autobús
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una modificación de los requisitos para acceder a las bonificaciones del transporte urbano. A partir de esta modificación, se exigirá presentar el certificado de residencia para obtener los bonos bonificados.
La medida afecta a diferentes colectivos, entre ellos pensionistas, trabajadores, estudiantes, personas desempleadas y beneficiarios de servicios sociales.
Durante la comparecencia, una periodista ha preguntado por qué se venía solicitando este certificado desde semanas atrás si la modificación se ha aprobado formalmente ahora, así como por la posibilidad de implantar bonos nominativos que eviten a los usuarios tener que presentar repetidamente la documentación.
La portavoz ha reconocido que la nominación de los bonos sería una medida que facilitaría los trámites, especialmente a las personas mayores, aunque ha señalado que no dispone de información detallada sobre la gestión directa del servicio. Se ha comprometido a trasladar la cuestión a la consejería competente.
El Gobierno ha justificado la exigencia del certificado como una medida preventiva, cuya aplicación se formaliza ahora mediante la modificación de los requisitos.
Ayudas educativas por valor de 500.000 euros
En materia educativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 500.000 euros destinada a ayudas para estudiantes universitarios y alumnos de Primaria y Secundaria durante el curso 2026-2027.
Estas ayudas tienen como finalidad apoyar a las familias con menos recursos económicos y contribuir a sufragar los gastos derivados de los estudios.
Asimismo, se ha autorizado la prórroga del encargo a Tragsa para continuar con los trabajos de catalogación digital de fondos del museo, sin incremento económico respecto al presupuesto aprobado inicialmente. La fecha de finalización deberá concretarse conforme a la resolución aprobada.
Contratos de limpieza y seguridad
Entre los asuntos económicos abordados también figuran varias autorizaciones de gasto plurianual relacionadas con servicios de limpieza y seguridad.
En el caso de RTVCE, se ha autorizado un gasto para el servicio integral de limpieza de sus instalaciones. Durante la comparecencia se han mencionado importes de 16.947 euros para 2027 y 14.828 euros para 2028, aunque las cifras deberán contrastarse con la documentación oficial, ya que el total anunciado no coincide con la suma de ambas cantidades.
También se ha aprobado la prórroga de un año del contrato de limpieza del centro de trabajo temporal y de refuerzo en los centros de servicio de San José y Mediterráneo, con un presupuesto anunciado de 378.344 euros, distribuido entre los ejercicios 2026 y 2027.
Por último, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1.196.774 euros para la prórroga del servicio de vigilancia y seguridad en el centro de trabajo temporal para colectivos vulnerables, el equipo técnico y el centro de Punta Blanca.
La comparecencia ha concluido con la atención a las preguntas de los medios de comunicación, centradas principalmente en la respuesta del Ministerio y en las medidas que la Ciudad pretende impulsar para conocer los plazos de devolución de migrantes y avanzar hacia la normalización de la situación.
