La Brigada de Extranjería en la ciudad autónoma localizó y cerró una vivienda que albergaba en condiciones insalubres a personas afectadas por el asalto fronterizo del pasado mes de julio, quienes esperaban ser trasladadas a la Península mediante una red de inmigración irregular.
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Ceuta a un vecino de la ciudad autónoma imputado por alojar a 74 migrantes irregulares —incluidos diez niños y diez mujeres— en condiciones de extrema saturación e insalubridad en una propiedad ubicada en el barrio de El Príncipe. Según indican fuentes policiales, estas personas ingresaron a España durante el asalto fronterizo ocurrido los días 30 y 31 de julio. El detenido está bajo investigación por delitos relativos al favorecimiento de la inmigración ilegal, vulneración de derechos laborales, lesiones y explotación laboral de menores.
La operación, realizada por efectivos de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Ceuta, se desarrolló en colaboración con la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y varias unidades policiales desplegadas en el litoral andaluz. El procedimiento requirió un considerable despliegue policial debido al difícil acceso a la zona donde se encuentra la vivienda, situada en uno de los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad autónoma, el barrio de El Príncipe.
Abuso, agresiones y mordeduras de perro a menores cautivos
Las pesquisas policiales constatan que el detenido sometía a los migrantes a un trato basado en la intimidación y la violencia. Aprovechando el estado de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas, el propietario obligaba a las personas retenidas a realizar diversas labores sin ninguna garantía laboral.
En cuanto a los menores, se confirmaron episodios de agresión física directa. Algunos niños presentaban heridas por ataques de un perro propiedad del arrestado, que contribuía a la instauración de un ambiente de miedo y coacción en la vivienda.
Una organización dedicada al tráfico de personas hacia la Península
El informe policial indica que el alojamiento de los 74 migrantes en la finca constituía una fase dentro de una red criminal mayor. El arrestado mantenía a estas personas retenidas mientras planificaba facilitar su traslado irregular a la Península Ibérica.
La Policía Nacional encuadra al detenido dentro de una estructura organizada cuyo objetivo era obtener beneficio económico mediante la promoción de la migración clandestina en territorio español. Tras finalizar las diligencias y liberar a los ocupantes, el arrestado fue puesto a disposición judicial.
