Este viernes en Málaga, Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno para las elecciones del 29-N, dio a conocer una de las medidas centrales de su programa en materia de vivienda: la creación de una ley que permita expropiar a los fondos de inversión propietarios de viviendas. La norma buscaría que el Estado recupere cerca de 100.000 inmuebles por debajo del valor de mercado para integrarlos en un parque público de alquiler asequible.
En una reunión con periodistas dedicada al acceso a suelo residencial, la exalcaldesa de Barcelona detalló que la implementación será paulatina. El plan inicialmente actuaría sobre grandes entidades financieras con más de 1.000 viviendas, reduciendo luego el umbral a compañías con 700 propiedades hasta llegar de forma progresiva a aquellas que posean alrededor de 50 pisos.
Intervención en trece grandes tenedores y regulación de precios asequibles
Colau señaló que trece fondos internacionales concentran en España aproximadamente 100.000 viviendas. La líder de Frente Amplio calificó como «inaceptable» la compra masiva de pisos por parte de capital extranjero para obtener beneficios especulativos mediante precios que consideró elevados para la ciudadanía.
La propuesta establece que las expropiaciones se lleven a cabo por debajo de los valores de tasación habituales, asegurando que el coste de adquisición permita ofrecer los pisos a los inquilinos con precios regulados. Según la candidata, esta medida busca proteger el derecho social a la vivienda y evitar que las firmas de inversión obtengan rentas desmedidas.
Complemento con impuestos a grandes fortunas
Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas económicas de la plataforma progresista para los próximos comicios generales. La ley de expropiación se acompañaría de la instauración de un nuevo tributo estatal dirigido a patrimonios definidos como «ultraricos», conformando un eje de campaña que enfatiza la redistribución fiscal y el control del costo de vida.
Desde Frente Amplio destacan que la desigualdad en la distribución de recursos y la falta de acceso a la vivienda son las principales dificultades socioeconómicas en España, por lo que la regulación de grandes tenedores será un aspecto fundamental en posibles negociaciones para formar gobierno tras el 29 de noviembre.
