Mariam Mohamed
Lo ocurrido durante la visita de Vito Quiles exige explicaciones urgentes. Un dispositivo policial que debía garantizar la seguridad no puede convertirse, bajo ningún concepto, en un mecanismo de discriminación por origen, apariencia física o religión.
Lo sucedido ayer en Ceuta durante el acto protagonizado por el agitador Vito Quiles merece algo más que una explicación de trámite. Exige respuestas, responsabilidades y, sobre todo, transparencia por parte de quienes tenían la responsabilidad de organizar y dirigir el dispositivo policial.
Y conviene dejar algo claro desde el principio: no estamos hablando únicamente del despliegue policial, que muchos ciudadanos consideraron desproporcionado para un acto al que asistieron menos de treinta personas. Estamos hablando de algo mucho más preocupante: las denuncias sobre un posible trato discriminatorio a ciudadanos en función de su apariencia física, su origen o la religión que otros pudieran atribuirles.
Según los testimonios trasladados por vecinos y ciudadanos afectados, durante el dispositivo se habría establecido un cordón de seguridad en el que se permitía el paso a personas no racializadas, mientras que a otras, por su apariencia de ser musulmanas, se les impedía acceder y se las desviaba por el paseo de la Palmera.
Si estos hechos se confirman, estaríamos ante una situación de enorme gravedad. No se trata de una cuestión menor ni de una simple decisión organizativa. Se trata de derechos fundamentales que no pueden quedar a merced de criterios arbitrarios.
¿Desde cuándo la apariencia de una persona determina por dónde puede circular en su propia ciudad?
Ceuta es una ciudad española, y sus ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su religión, sus apellidos, su color de piel o su aspecto físico. Nadie tiene que acreditar que es musulmán, cristiano o de cualquier otra confesión para poder transitar por una calle.
La seguridad ciudadana es una obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero garantizar la seguridad no significa establecer categorías entre ciudadanos ni aplicar restricciones diferentes en función de cómo se vea a una persona.
Por eso, las preguntas son inevitables:
¿Quién dio las instrucciones para organizar ese cordón policial? ¿Existieron órdenes expresas de impedir el paso a determinadas personas? ¿Con qué fundamento legal se habría aplicado un criterio diferente según la apariencia física? ¿Quién supervisó el dispositivo? ¿Y quién asumirá las responsabilidades si se acredita que hubo discriminación?
El delegado del Gobierno no puede mirar hacia otro lado. Es su responsabilidad ofrecer explicaciones sobre un dispositivo desplegado bajo su ámbito de responsabilidad y aclarar qué ocurrió realmente.
También conviene recordar el contexto. Durante las últimas semanas, una parte de la población musulmana de Ceuta ha soportado señalamientos, sospechas y discursos que han cuestionado su compromiso con la ciudad y con España. Se ha llegado a hablar de traidores, quintacolumnistas y de ciudadanos que supuestamente no condenaban determinados acontecimientos.
Ahora, si se confirman las denuncias sobre lo ocurrido durante el dispositivo policial, la preocupación es todavía mayor: que esos prejuicios hayan terminado trasladándose a la actuación de las instituciones.
La convivencia no se defiende levantando barreras entre vecinos. Se defiende garantizando que todos somos iguales ante la ley.
No se puede presumir de diversidad cuando interesa y permitir que determinados ciudadanos se sientan señalados cuando las circunstancias políticas o sociales se complican. Tampoco se puede invocar la seguridad para justificar actuaciones que, de confirmarse, podrían vulnerar derechos fundamentales.
Por eso exigimos explicaciones públicas, una investigación exhaustiva de lo sucedido y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan si se acreditan los hechos denunciados.
No pedimos privilegios. No pedimos un trato especial. Pedimos exactamente lo mismo que cualquier otro ciudadano: igualdad, dignidad y respeto.
Porque hay una línea que ninguna institución debería cruzar: hacer sentir a una parte de la ciudadanía que es extranjera en su propia tierra.
Ceuta no pertenece a unos más que a otros. Y la Constitución no tiene una versión para unos ciudadanos y otra para los demás.
La igualdad ante la ley no es una concesión política ni un discurso para los días festivos. Es una obligación democrática que debe cumplirse todos los días, también cuando hay cámaras, protestas, visitantes polémicos y dispositivos policiales.
Y si alguien considera que parecer musulmán es motivo suficiente para impedirte pasar por una calle de Ceuta, el problema ya no es de convivencia. Es un problema institucional que merece una respuesta inmediata.
