Dos años de prisión por agredir a un agente de la Policía Local en la avenida de España
El condenado reconoció los hechos y aceptó la pena, que queda suspendida durante tres años. El joven permanecía en prisión preventiva desde el incidente ocurrido el pasado 8 de agosto.
La Justicia ha condenado a dos años de prisión a un joven por un delito de atentado contra un agente de la Policía Local de Ceuta. La sentencia, dictada por la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta, establece la suspensión de la pena durante un periodo de tres años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir.
Los hechos se remontan al pasado 8 de agosto, cuando el joven protagonizó un incidente en la avenida de España. Según recoge la resolución judicial, el individuo se encontraba en un estado de alteración y elevada agresividad cuando fue requerido por varios agentes de la Policía Local.
Los funcionarios, que realizaban labores propias de su cargo y estaban debidamente uniformados, le pidieron que se tranquilizara y facilitara su documentación para proceder a su identificación.
Sin embargo, lejos de colaborar, el joven se dirigió contra los policías con intención de agredir a uno de ellos. La situación obligó a sus compañeros a intervenir y emplear la fuerza mínima indispensable para controlar el incidente y evitar que se produjeran lesiones.
Reconoció los hechos y aceptó la condena
El procedimiento judicial se resolvió mediante una conformidad. El acusado reconoció los hechos ante la magistrada y aceptó la pena de dos años de prisión solicitada.
El joven permanecía en prisión preventiva desde que ocurrieron los acontecimientos. Fue trasladado desde el centro penitenciario de Mendizábal hasta las dependencias judiciales para comparecer ante la magistrada.
Tras aceptar la condena, se acordó su puesta en libertad con la suspensión de la pena.
Tres años sin cometer delitos
La suspensión implica que el condenado no tendrá que ingresar en prisión para cumplir los dos años impuestos, siempre que respete las condiciones establecidas judicialmente.
El periodo de suspensión será de tres años. Si durante ese tiempo comete un nuevo delito y se revoca el beneficio, tendrá que cumplir la pena de prisión.
La resolución vuelve a poner de manifiesto las consecuencias penales que pueden derivarse de las agresiones contra agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones.
