El alza en el precio de la vivienda en España ha provocado un incremento notable del hacinamiento en los hogares. Un informe publicado por CGT, con datos extraídos del INE y Eurostat, indica que la tasa de hacinamiento ha subido un 73% en la última década, alcanzando niveles históricos. Actualmente, el 9,5% de la población reside en viviendas con un número insuficiente de habitaciones para todos sus integrantes.
Este análisis señala que los hogares con alquiler, la población extranjera, las personas con recursos limitados y los jóvenes son los sectores más vulnerables a esta problemática. En 2015, la tasa era del 5,5%, evidenciando un aumento considerable en los años recientes.
Comunidades autónomas con mayor incidencia
En cuanto a las comunidades autónomas, Canarias, Cataluña y Baleares registran las tasas más elevadas de hacinamiento, con un 16,3%, 13,1% y 11,4% respectivamente. Por otro lado, Cantabria, La Rioja y el País Vasco presentan las cifras más bajas, situándose en 4%, 4,5% y 4,7% respectivamente.
El informe de CGT resalta que la subida de los precios de la vivienda y la inflación han contribuido al aumento del hacinamiento, afectando de forma negativa la calidad de vida. La carencia de espacio y privacidad puede impactar el bienestar y la salud mental de quienes lo padecen.
Efectos en distintos grupos sociales
El hacinamiento afecta principalmente a los inquilinos, donde un 20,5% vive en condiciones de superpoblación, mientras que esta tasa es del 7,8% entre quienes están pagando una hipoteca y del 5,6% para propietarios que han saldado su vivienda. Asimismo, la población extranjera y los jóvenes enfrentan mayores niveles de hacinamiento, con un 19,3% y 16% respectivamente.
También, el 17,9% de las personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza vive en hogares con hacinamiento. El documento señala que numerosas parejas deben convivir tras separaciones por la dificultad para acceder a una nueva vivienda, y que el aumento del coste de vida obliga a reducir consumo y calidad de vida.
CGT solicita la implementación de políticas que disminuyan el coste de la vivienda y protejan los salarios frente a la inflación, con la finalidad de mejorar las condiciones de quienes sufren hacinamiento.
