La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido archivar una querella presentada por Vox junto a tres denuncias interpuestas por el colectivo Manos Limpias y dos particulares dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios integrantes del Consejo de Ministros. Las denuncias señalaban al presidente y a los responsables de las carteras de Interior, Defensa y Sanidad por supuestos delitos de prevaricación, abandono de deber y omisión del auxilio en relación con la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma de Ceuta en julio pasado.
En su resolución, el alto tribunal establece que, actualmente, no hay indicios suficientes que justifiquen abrir un procedimiento penal contra los aforados. La Sala señala que solo tener conocimiento de una situación de riesgo o ocupar una posición jerárquica no es motivo para atribuir automáticamente responsabilidad penal. Además, se indica que las denuncias carecen de detalles precisos sobre las conductas específicas atribuidas individualmente a cada uno de los acusados.
Investigación abierta en la Audiencia Nacional
Aunque el Supremo ha decidido archivar estas actuaciones, los jueces precisan que esta decisión no significa un veredicto definitivo sobre la inexistencia de delito en la gestión de la crisis migratoria. La resolución permite continuar con la investigación penal que dirige la magistrada María Tardón en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de esclarecer los detalles operativos y posibles fallos en los protocolos implementados.
El auto señala que, si la instrucción realizada por la jueza revela pruebas concretas que individualicen la posible participación delictiva de algún aforado, deberán remitir un informe razonado al Supremo. En ese momento, la Sala de lo Penal evaluará si es necesario retomar la competencia para iniciar un procedimiento judicial contra los miembros del Gobierno implicados.
Ambigüedad en la cadena de mando y atribuciones
El fallo judicial destaca diversos aspectos operativos aún no esclarecidos, como el destinatario real de las alertas de los servicios de inteligencia, los recursos materiales disponibles en la frontera y el grado de intervención directa en las decisiones adoptadas durante el episodio migratorio. Los magistrados señalan que la responsabilidad general que tienen los ministros no reemplaza la carencia de indicios específicos sobre su participación en los hechos.
Por otra parte, la Sala ha rechazado las imputaciones relacionadas con la supuesta colaboración con organizaciones terroristas o homicidio por imprudencia planteadas por los denunciantes. El tribunal concluye que las referencias a una supuesta coordinación con agentes externos no aportan pruebas suficientes que vinculen directamente a los aforados, procediendo a cerrar las diligencias en el Supremo mientras avanza la investigación en la Audiencia Nacional.
