La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las demandas de Vox e Iustitia Europa por falta de tiempo de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Unos 190.000 hijos de españoles nacionalizados en el extranjero a través de la Ley de Memoria Democrática conservarán su derecho a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado la petición de Vox y la agrupación Iustitia Europa, que pretendían extender a este grupo la suspensión del voto que el tribunal había impuesto en septiembre a más de 163.000 beneficiarios directos de la ley.
La sentencia respalda los argumentos de la Abogacía del Estado, que señaló que modificar la composición del censo electoral tan cerca del inicio de la campaña y del período de votación consular vulneraría los principios de seguridad jurídica y estabilidad en el proceso electoral.
Cronología del conflicto judicial
| Fecha / Hito | Decisión del Tribunal Supremo / Contexto |
| Septiembre | El Supremo suspende provisionalmente el derecho al voto a más de 163.000 personas nacionalizadas bajo el apartado 1.1 de la Ley de Memoria (hijos y nietos del exilio). |
| Petición de Vox e Iustitia Europa | Solicitan extender la suspensión al apartado 1.b (Anexo III), que incluye a 189.678 mayores de edad, hijos de nacionalizados. |
| Oposición de la Abogacía del Estado | Señala el riesgo de congestión en los trámites consulares y posibles irregularidades en el escrutinio del 29-N si se modifica el censo a última hora. |
| Resolución actual | El Supremo deniega la ampliación cautelar por la imposibilidad práctica de revisar el CERA con el proceso electoral ya en marcha. |
Inviabilidad práctica y complejidad técnica
El tribunal destacó el «escaso tiempo» restante hasta la jornada electoral. La solicitud se presentó una vez superado el ecuador del proceso electoral, quedando solo dos semanas para que se inicie el periodo de votación en urna en los consulados españoles en el extranjero.
Además, la Abogacía del Estado indicó que en el censo del 1 de agosto, que contabiliza 189.678 inscritos por esta vía, también se incluyen los descendientes de los beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Como la Administración no dispone de un desglose detallado entre ambas normativas sin realizar una revisión manual de los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría generado un riesgo para el cumplimiento legal de las elecciones y la validez del recuento.
