Las movilizaciones en el sector educativo francés estuvieron marcadas este martes por un ataque violento en la región de París. La concejala de Chelles, localidad situada aproximadamente a 30 kilómetros al este de París, resultó herida al ser impactada por un artefacto incendiario cuando intentaba intervenir en la entrada del instituto Gaston-Bachelard. Un grupo bloqueaba el acceso quemando contenedores. Tras su traslado urgente a un hospital, la edil presentó una denuncia por «intento de asesinato».
El incidente generó una fuerte condena por parte del Gobierno francés y otras autoridades. Édouard Geffray, ministro de Educación, afirmó tras visitar el lugar que las protestas han derivado en «conductas delictivas ajenas a las reivindicaciones estudiantiles». Laurent Nuñez, titular de Interior, calificó la agresión como un acto de violencia urbana inadmisible. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, solicitó una respuesta legal firme contra los responsables.
Tensión en las aulas y debate sobre el número de institutos bloqueados
La violencia en Chelles —donde la jornada anterior se lanzaron fuegos artificiales dentro del centro— coincide con la huelga convocada por sindicatos docentes en toda Francia. El Ministerio de Educación afirma que la participación en las protestas es baja y estima que alrededor de cincuenta centros están afectados en todo el país. Por el contrario, las organizaciones estudiantiles aumentan la cifra de bloqueos y mantienen las convocatorias de manifestaciones en las principales ciudades, anticipando la presencia de miles de personas en París.
Por otra parte, Mathieu Lefèvre, portavoz del Gobierno, denunció un aumento en las agresiones contra docentes, con casi 300 ataques reportados desde el inicio de las movilizaciones motivadas por las condiciones precarias de la infraestructura educativa.
El Ejecutivo no consigue detener el conflicto estudiantil y sindical
Las medidas ofrecidas recientemente por el primer ministro, Sébastien Lecornu, no han logrado desactivar las protestas. Las asociaciones de estudiantes de secundaria rechazaron las propuestas tras un encuentro en el Palacio de Matignon y confirmaron la continuidad de los paros semanales. Asimismo, la respuesta económica del Gobierno —centrada en subir el salario mínimo un 1,6% y reducir cotizaciones patronales— no convenció a la central sindical CGT, que convocó una nueva huelga general para el 14 de noviembre.
La persistencia del conflicto educativo junto con el aumento de violencia en las periferias impone una importante presión sobre el gabinete de Lecornu, que debe gestionar simultáneamente el control de los incidentes en los accesos a los institutos y la negociación de las demandas salariales del sector laboral.
