Mientras miles de migrantes adultos han abandonado Ceuta, la presión sobre los centros de acogida de menores continúa. La proximidad de las elecciones del 29 de noviembre plantea una nueva pregunta: ¿están influyendo también los tiempos políticos?
TeleCeuta | Ceuta
La salida de miles de migrantes adultos desde la crisis de julio ha permitido aliviar progresivamente la presión sobre los dispositivos de acogida de Ceuta. Sin embargo, la situación de los menores continúa siendo especialmente preocupante, sin que se haya producido una reducción equivalente de la ocupación de los centros.
La cuestión es inevitable: ¿por qué no se están acelerando los traslados de estos niños y adolescentes a otras comunidades autónomas?
Existen mecanismos legales para distribuir la responsabilidad de acogida entre territorios. Además, las derivaciones a la península no tienen por qué depender de que Marruecos acepte previamente el retorno de los menores.
Una vez trasladados, las administraciones competentes pueden continuar estudiando cada situación individual, incluida la posible reunificación familiar o el retorno a Marruecos, siempre con las garantías legales correspondientes y atendiendo al interés superior del menor.
Mantener durante más tiempo del necesario una situación de sobreocupación puede perjudicar la atención educativa, psicológica y social de estos niños y adolescentes, que necesitan estabilidad y unas condiciones de acogida adecuadas.
La controversia no es nueva. El Ministerio de Juventud e Infancia planteó en agosto una alternativa para trasladar a 500 menores a centros de la península. La Ciudad reconoció posteriormente haber recibido el ofrecimiento, aunque sostuvo que todavía debían resolverse cuestiones técnicas. También se han realizado derivaciones a distintas comunidades autónomas, pero queda por conocer el balance actualizado y el ritmo previsto para las próximas semanas.
Con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más próximas, surge otra cuestión que merece una respuesta: ¿están condicionando las discrepancias políticas o el clima electoral la rapidez de los traslados?
No hay elementos suficientes para atribuir las demoras a intereses electorales, pero sí razones para exigir transparencia.
La Ciudad y el Gobierno central deberían aclarar cuántos menores pueden ser trasladados, qué obstáculos concretos lo impiden y qué calendario manejan.
Porque, mientras las administraciones discuten sobre competencias y procedimientos, quienes siguen esperando son los menores.
