El Ejecutivo ha avanzado en la gestión de la crisis ferroviaria mediante la aprobación de un Real Decreto-ley que pretende mejorar la seguridad operativa en el transporte ferroviario y ampliar la protección social de los trabajadores del sector. Esta iniciativa se da en un contexto de creciente malestar entre los empleados ferroviarios, quienes han convocado paros para los días 17 y 23 de noviembre.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, ha desempeñado un papel fundamental en el diseño de estas medidas, aunque no ofreció declaraciones públicas recientemente. En su lugar, el Gobierno anunció la creación de un defensor para las víctimas de accidentes en el transporte colectivo y la atribución de nuevas funciones a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Medidas dirigidas a los trabajadores ferroviarios
Entre las disposiciones aprobadas, destaca la ampliación de la autonomía operativa para los maquinistas, quienes podrán detener un tren si detectan un riesgo grave e inminente para la seguridad. Esta iniciativa responde a una demanda sindical que se intensificó después del accidente de Adamuz, en Córdoba.
Asimismo, el Real Decreto-ley contempla la opción de jubilación anticipada para los conductores de las compañías Ouigo e Iryo, extendiendo el régimen de Seguridad Social que actualmente está vigente en Renfe. Esta medida está fundamentada en los coeficientes reductores de jubilación establecidos en el artículo 3 del RD 2621/1986.
Atención a la crisis y a las víctimas
El Gobierno también ha atendido a la protesta de las víctimas de siniestros ferroviarios, como los de Urda, Toledo, y Adamuz, mediante la creación de un defensor que gestione las quejas y preocupaciones de quienes han resultado afectados por accidentes en el transporte colectivo.
La aprobación de estas medidas se produce en un momento delicado, dado que el Ejecutivo busca evitar las huelgas anunciadas por los ferroviarios y mitigar el descontento de las víctimas antes del inicio de la campaña electoral. El anuncio coincide con el funeral de las víctimas del accidente de Urda, lo cual añade un grado de presión a la acción gubernamental frente a esta problemática.
