Nuevos testimonios dentro de la investigación de la jueza María Tardón vinculan a autoridades marroquíes con la presión directa sobre migrantes durante los hechos de julio.
La causa judicial que dirige la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta ha incorporado un testimonio relevante. En recientes declaraciones, un migrante que accedió a Ceuta manifestó que un agente de seguridad marroquí lo empujó y lo hizo caer al mar junto a su familia con la intención clara de forzar el cruce de frontera.
Según lo declarado ante el tribunal, la persona afectada estaba en Castillejos como espectador de los incidentes, sin interés en cruzar. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad de Marruecos intervinieron de forma agresiva, empujándolos al agua para que entraran en territorio español, donde posteriormente fueron rescatados por la Guardia Civil.
Testimonios que indican una actuación dirigida
Esta versión coincide con otros relatos de testigos protegidos y los informes policiales elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que continúan definiendo la implicación institucional en los acontecimientos del 30 y 31 de julio:
- Órdenes concretas en la frontera: Mientras algunos declarantes indicaron que cruzaron motivados por falsas esperanzas o siguiendo instrucciones explícitas de agentes marroquíes cerca de la frontera, este testigo destaca el uso de la fuerza física como método de coerción.
- Identificación de responsables: La investigación avanza con diligencias que permitieron a la Policía Nacional identificar y obtener material gráfico de altos mandos marroquíes dando órdenes cerca de Bab Sebta.
Señales de vulneración de la soberanía territorial
Para la magistrada encargada del caso, los hechos recopilados fortalecen la hipótesis de una conducta presuntamente ejecutada desde el exterior con la intención de afectar la integridad territorial de España.
Asimismo, la investigación judicial considera datos actualizados de la Guardia Civil sobre las estimaciones de personas que habrían sido devueltas a Marruecos tras la crisis —cercanas a 88.000 según análisis policiales—, mientras continúa la desclasificación de documentos del CNI para esclarecer plenamente el papel y posible colaboración de las autoridades marroquíes en los hechos.
