La decisión tomada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no permitir el uso de gas lacrimógeno en las manifestaciones y de iniciar una investigación sobre las cargas policiales ha generado una respuesta contundente de los principales sindicatos policiales. Estos acusan al titular de Interior de dejar a los agentes en una situación de vulnerabilidad y de ceder ante presiones políticas.
Después de una jornada de huelga general que finalizó con más de cien arrestos y elevados momentos de tensión en las calles, las organizaciones que representan a las fuerzas de seguridad han calificado como «inadmisible» que se cuestione el trabajo policial. Sindicatos como el SUP han expresado duras críticas hacia el ministerio por investigar las intervenciones en lugar de ofrecer respaldo a los agentes que enfrentaron situaciones violentas y agresiones.
Aviso sobre mayor peligrosidad y falta de protección
Las asociaciones profesionales alertan de que eliminar herramientas disuasorias, como el gas lacrimógeno, solo incrementa el peligro físico y las posibles lesiones para los propios agentes durante enfrentamientos graves. Además, sindicatos como Jupol y la Unión Federal de Policía (UFP) han intensificado sus críticas, solicitando la dimisión del ministro, argumentando que la dirección de Interior opta por señalar a la policía en lugar de asegurar su protección jurídica y operativa.
Esta confrontación abierta entre los sindicatos y el ministerio del Interior constituye un nuevo foco de conflicto laboral e institucional, colocando a la policía en el centro de la controversia política generada por la gestión del orden público en las protestas.
