En su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, Vox ha incluido un conjunto de propuestas que buscan cambiar de manera considerable el panorama educativo y social de España. Entre las iniciativas más relevantes se encuentran la restricción de derechos sociales para extranjeros en situación irregular, la creación de clases específicas para alumnos de «otras culturas» y la eliminación de leyes relacionadas con la igualdad de género.
El partido encabezado por Santiago Abascal plantea fijar un límite en el número de estudiantes por aula que procedan de otras culturas o que tengan un dominio insuficiente del español. Además, propone establecer «aulas específicas de nivelación» para que los alumnos que se incorporan tarde al sistema educativo español puedan alcanzar el nivel adecuado antes de integrarse en las clases convencionales.
Propuestas en educación y ámbito social
Vox también plantea prohibir el uso del burka y el niqab en los centros educativos, así como eliminar los menús halal en los comedores escolares. Estas medidas son similares a las implementadas en otros países europeos, como Italia con el gobierno de Giorgia Meloni y las planteadas por Alternativa para Alemania (AfD).
Respecto a la educación universitaria, Vox señala la necesidad de «recuperar la vocación de la Universidad como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza», aunque no detalla cómo mejorar la financiación de las universidades públicas ni aborda el auge de las privadas.
Propuestas en sanidad y derechos de género
En materia sanitaria, el programa de Vox propone excluir del sistema sanitario a los inmigrantes en situación irregular, salvo en casos de emergencia grave. En temas como el aborto y la eutanasia, el partido se muestra menos explícito que en anteriores programas, aunque reafirma su defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En relación con las políticas de género, Vox propone desmontar la mayoría de las estructuras implementadas en los últimos 25 años, incluyendo la derogación de leyes como la integral contra la violencia de género y la Ley de Libertad Sexual. El partido argumenta que estas leyes han «criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres» y no han logrado reducir el número de víctimas.
Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género en 2004, las víctimas mortales han disminuido y las denuncias por violencia en la pareja y delitos sexuales se han incrementado, algo que las instituciones y las fuerzas de seguridad atribuyen a un mayor reconocimiento y avances en esta área.
